Falta de personal, existencia de un sólo centro e insuficientes equipos de valoración, son algunas de las carencias, al margen de la legalidad, que padece este Centro donde se tramitan solicitudes de valoración de discapacidad que tardan año y medio en resolverse.
Tras varias denuncias al respecto, el Defensor del Pueblo andaluz vuelve a responder a SAFJA y señala la ilegalidad cometida por la Administración en el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social en Sevilla. La gravedad de la situación en la que se encuentra dicho Centro radica en que detrás de cada solicitud de valoración de discapacidad, EXISTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y NECESIDAD QUE DEBE ATENDERSE y que, sin embargo, no atiende la Administración, estando obligada a ello. Según el Decreto 258/2005, en base a la población potencial atendida de la provincia de Sevilla, corresponden un total de 15 equipos de valoración y orientación y dos Centros. Sin embargo, en la RPT de dicha Delegación consta sólo un Centro con únicamente 11 equipos dotados, por lo que la capacidad de atención al ciudadano se ve mermada en casi un 40% (Ver en prensa).
Este primer problema de dotación de los equipos se agrava en el caso del personal administrativo, que es totalmente insuficiente. Sus funciones principales son la gestión de las solicitudes de valoración y sus correspondientes expedientes, y la tramitación de las resoluciones a los interesados. Al sufrir una escasa dotación de dicho personal, los equipos se encuentran desbordados y el tiempo mínimo de espera actual desde que entra una solicitud hasta que se resuelve y se comunica a los interesados es de, nada más y nada menos, que 18 meses. Año y medio para conseguir esta documentación necesaria, por ejemplo, para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, a las ayudas municipales y para disfrutar de descuentos fiscales.
El Defensor del Pueblo andaluz reconoce la gravedad de la situación y reseña que "en esta Institución hemos venido recibiendo quejas individualizadas motivadas por la demora en el procedimiento para el reconocimiento de la condición de minusválido desde hace mucho tiempo, y con carácter general hemos emitido resoluciones en las que en primer lugar se ponía de manifiesto la vulneración legal en estos casos (...), y asimismo se dirigían RECOMENDACIONES del siguiente tenor literal: Que se dicten las correspondientes Instrucciones en orden a dotar de mayor eficacia a la actuación administrativa en los procedimientos administrativos relativos al reconocimiento del grado de discapacidad, y se adopten las medidas oportunas para incrementar la dotación de medios personales y materiales de los Centros de Valoración y Orientación, a fin de que se reduzcan sustancialmente los tiempos de espera necesarios para el reconocimiento por el personal de los EVO, y se adopten las resoluciones relativas a la calificación de minusvalía dentro del plazo legalmente establecido". Recomendaciones que daban respuesta a una queja anterior de SAFJA.
Asimismo, el Defensor finaliza que entiende necesario "efectuar el seguimiento oportuno de este tema, sin descartar la elevación de esta cuestión al Defensor del Pueblo de las Cortes Generales, por si estima oportuno iniciar actuaciones ante los Ministerios competencias para que dicha modificación normativa se lleve a cabo en el plazo estipulado".
SAFJA ya presentó las alegaciones oportunas a un informe elaborado por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que daba respuesta a una queja anterior presentada por el Sindicato. Evidentemente, SAFJA no comparte los argumentos esgrimidos por la Administración en el informe anteriormente mencionado y mantiene su postura de que en la Administración andaluza no se cumple con la normativa vigente relativa a los Centros.
El informe reconoce que el Centro de Valoración y Orientación de Sevilla dispone de 13 equipos. Pero según información que ha podido recabar este Sindicato, de los 13 equipos de valoración existentes, sólo 11 están dotados al completo como obliga el Real Decreto 1971/1999 que establece su composición con "al menos, médico, psicólogo y trabajador social, conforme a criterios interdisciplinarios". Pero es más, el actual Centro de Valoración de Sevilla está preparado para acoger únicamente 8 equipos de valoración de los 13 existentes. En este sentido, el personal técnico del Centro tiene que usar los despachos del personal que se encuentran de vacaciones o realizando alguna gestión fuera del Centro. Incluso algunos trabajadores sociales se ven obligados a atender a los administrados en los pasillos, siendo el resto de ciudadanos que esperan ser valorados testigo de las cuestiones que obedecen a los problemas de la vida privada de los usuarios.
Por otra parte, en el informe se señala que "con vistas a proseguir articulando aquellas medidas que favorezcan y optimicen el buen funcionamiento de este CVO, si bien inicialmente se pensó en 9 meses, actualmente se han prorrogado hasta fin de año los contratos de las 4 personas grabadoras de datos". Personal externo que supone un gasto más para el erario público. SAFJA ha denunciado en anteriores escritos, no sólo la exigencia de información que explique las funciones concretas de dichos trabajadores, sino también la necesidad de cubrir las plazas de la RPT, falta el 30% por cubrir, e incluso ampliar el número de esas plazas. Hay que recordar que el ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, tal y como establece el EBEP. Además, existen Cuerpos de funcionarios que pueden llevar a cabo las funciones destinadas al personal externo, funciones relativas a datos personalísimos de las personas usuarias del Centro.
Debemos recordar al Gobierno andaluz que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 24, dice que "Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social". Los equipos de valoración están totalmente desbordados por los insuficientes recursos humanos y materiales que, según el mismo Gobierno andaluz, no se restringen en temas relacionados con la Igualdad y las políticas sociales. Pero la realidad, lamentablemente, es otra.
Por todo ello, SAFJA exige que la Administración andaluza se comprometa realmente con los derechos de los ciudadanos y establezca fechas concretas que avalen soluciones. Una vez más y tras el continuo respaldo del Defensor del Pueblo andaluz, este Sindicato insta al Gobierno andaluz que dote de los medios humanos y materiales necesarios para solucionar el excesivo retraso de 18 meses en la resolución de las solicitudes, lo que perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos.
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