Un Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta otorga a la Agencia potestad para conceder subvenciones.

(Viñeta de ROPO) El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado un escrito ante el Consejo de Gobierno de la Junta contra el Acuerdo de 29 de marzo de 2011, por el que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia autoriza la encomienda a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la gestión de los expedientes de ayudas asociados a la Orden de 15 de diciembre de 2010. Así el Preámbulo del Acuerdo señala que dicha Orden aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a corporaciones locales de Andalucía para la financiación de proyectos de mantenimiento de la red de centros de acceso público a internet "Guadalinfo" durante el periodo del 1 de enero de 2011 al 3 de diciembre de 2013.

Las subvenciones previstas deben ser concedidas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia  a través del personal funcionario adscrito a la misma. Sin embargo, en el Acuerdo ahora recurrido SAFJA constata que, tres meses más tarde de la entrada en vigor de la Orden reguladora de las subvenciones, el Consejo de Gobierno y la Consejería de Economía aprueban que la gestión de los expedientes de subvenciones sea llevada a cabo por IDEA. El gasto de esta encomienda asciende a la astronómica cifra de más de 24 millones de euros (Ver escrito) (Ver en prensa).

Este despilfarro supone, además, una clara huída del derecho administrativo por delegar y ceder competencias propias de la Administración a una entidad jurídica que se rige por derecho privado en el ejercicio de sus competencias, generando un coste para el erario público de 24.319.303,96 euros. Ante la evidencia y el descaro de la ilegalidad cometida por la Administración, método perenne para mantener una Administración paralela e ignorar los continuos fallos de los Tribunales, SAFJA exige la anulación del Acuerdo pues resulta una evidente cesión de prerrogativas públicas que sólo pueden ser ejercidas por funcionarios.

Otra encomienda más donde la justificación brilla por su ausencia. ¿De dónde deriva la necesidad de encomendar la gestión de los expedientes administrativos asociados a las subvenciones? ¿Porqué tres meses después de la entrada en vigor de la Orden de 15 de diciembre de 2010, le es imposible a la Consejería de Economía ejecutar la actividad que encomienda a IDEA?

SAFJA afirma que delegar a IDEA las tareas de resolución de las solicitudes de subvención, iniciación y resolución de los procedimientos de reintegro y de los procedimientos sancionadores y efectuar pagos a la entidad colaboradora conforme los desembolsos realizados por la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, constituye una inequívoca prueba del ejercicio de potestades administrativas por quiénes no tienen la facultad de hacerlo y, en consecuencia, la equiparación fáctica de éstos a los funcionarios público, razones por las cuales debe acordarse la nulidad del Acuerdo que propicia, autoriza y avala que la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia lleve a cabo la encomienda de gestión a IDEA.

Pero es más, ni tan siquiera en los estatutos de la Agencia IDEA se prevé que pueda otorgar subvenciones propias de la Consejería de Economía por delegación. Es injustificable que personal regido por el derecho privado, cuya imparcialidad depende de la decisión del político de turno, lleven a cabo funciones de importancia, sin constancia de que se lleven a cabo de manera adecuada y en su totalidad, como la exigencia de documentación a la entidad que organice las actividades, a los fines de comprobar si es necesario o no el material utilizado o adquirido; o los controles de seguimiento, que comporta potestades eventualmente sancionadoras en el material retirando subvenciones o anulando la participación de personas.

Además mientras se encomienda estas potestades públicas a las Agencias, SAFJA recuerda que la Administración vacía de contenido las funciones que deben realizar los funcionarios de carrera adscritos a las Consejerías que se encargaban anteriormente de estas materias.

Por todo ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía denuncia esta grave situación que no garantiza que los fondos públicos sean destinados a las finalidades previstas y se disponga de ellos con la máxima eficiencia para los intereses generales. Esta Organización Sindical continuará la lucha desde todas las vías legales posibles, siendo la principal baza contra la Administración paralela, "empresas públicas" o "agencias", y contra las encomiendas a costa del sacrificio de los derechos de los funcionarios y de los ciudadanos como receptores de unos servicios que deben ser públicos y en igualdad de condiciones.

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

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