Como respuesta a una queja anterior de SAFJA, la Administración emite un irrisorio informe que admite la decadencia del Centro pero sin concretar soluciones.

Tras un informe elaborado por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que daba respuesta a una queja anterior presentada por SAFJA ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la precariedad de los Centros de Valoración y Orientación de Sevilla, este Sindicato ha presentado las alegaciones oportunas. Evidentemente, SAFJA no comparte los argumentos esgrimidos por la Administración en el informe anteriormente mencionado y mantiene su postura de que en la Administración andaluza no se cumple con la normativa vigente relativa a los Centros de Valoración y Orientación de personas con discapacidad.

Falta de personal, existencia de un sólo centro e insuficientes equipos de valoración, son algunas de las carencias, al margen de la legalidad, que padece el Centro situado en Sevilla. A estos centros de ámbito provincial o comarcal les corresponde, entre otras funciones, el diagnóstico, la valoración, la calificación y la orientación de personas con discapacidades físicas, sensoriales y/o psíquicas. La gravedad de la situación en la que se encuentra, en este caso, el Centro de Sevilla, radica en que detrás de cada solicitud de valoración de discapacidad, EXISTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y NECESIDAD QUE DEBE ATENDERSE y que, sin embargo, no atiende la Administración, estando obligada a ello.

Concretamente, el insustancial informe señala, haciendo referencia a la situación de precariedad que SAFJA ha denunciado en numerosos escritos, que "la configuración del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia traerá como consecuencia que en un tiempo razonable todo el sistema actual de valoración y prestaciones o beneficios para las personas con discapacidad se modifique". La expresión "en un tiempo razonable" no da solución concreta al problema y no se garantiza que la Administración vaya a adoptar las medidas que SAFJA exige para respetar los derechos de los ciudadanos.

El informe reconoce que el Centro de Valoración y Orientación de Sevilla dispone de 13 equipos. Pero según información que ha podido recabar este Sindicato, de los 13 equipos de valoración existentes, sólo 11 están dotados al completo como obliga el Real Decreto 1971/1999 que establece su composición con "al menos, médico, psicólogo y trabajador social, conforme a criterios interdisciplinarios". Pero es más, el actual Centro de Valoración de Sevilla está preparado para acoger únicamente 8 equipos de valoración de los 13 existentes. En este sentido, el personal técnico del Centro tiene que usar los despachos del personal que se encuentran de vacaciones o realizando alguna gestión fuera del Centro. Incluso algunos trabajadores sociales se ven obligados a atender a los administrados en los pasillos, siendo el resto de ciudadanos que esperan ser valorados testigo de las cuestiones que obedecen a los problemas de la vida privada de los usuarios. Esto, además, conlleva que haya equipos que aún no estén ni tan siquiera funcionando.

Nuevamente el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía denuncia la falta de seriedad de la Administración andaluza, pues en el informe se expresa que se está trabajando "para habilitar el antiguo CVO de Puerta de Córdoba, a fin de poner en funcionamiento el 2º CVO de Sevilla (...)". Pero en ningún caso se detallan fechas específicas que avalen la realización de medidas o soluciones acordes con las necesidades de la ciudadanía y no meras intenciones. SAFJA exige que la Administración andaluza se comprometa realmente con los derechos de los ciudadanos y establezca fechas concretas que avalen soluciones.

Por otra parte, en el informe se señala que "con vistas a proseguir articulando aquellas medidas que favorezcan y optimicen el buen funcionamiento de este CVO, si bien inicialmente se pensó en 9 meses, actualmente se han prorrogado hasta fin de año los contratos de las 4 personas grabadoras de datos". Personal externo que supone un gasto más para el erario público. SAFJA ha denunciado en anteriores escritos, no sólo la exigencia de información que explique las funciones concretas de dichos trabajadores, sino también la necesidad de cubrir las plazas de la RPT, falta el 30% por cubrir, e incluso ampliar el número de esas plazas. Hay que recordar que el ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, tal y como establece el EBEP. Además, existen Cuerpos de funcionarios que pueden llevar a cabo las funciones destinadas al personal externo, funciones relativas a datos personalísimos de las personas usuarias del Centro.

En cuanto a la estructura física del edificio, el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía denuncia también las carencias existentes. Las instalaciones se han quedado pequeñas, puesto que estaba diseñado para albergar a 8 equipos. A esto hay que añadir que el edificio carece de las medidas de Evacuación de Emergencias.

Por tanto, SAFJA pide al Defensor del Pueblo andaluz que adopte una Resolución definitiva que frene el grave perjuicio a los derechos de los usuarios y que inste al Gobierno andaluz a:

-Establecer un plazo, dotar de la partida económica necesaria y proceder a la apertura del Centro de Puerta de Córdoba.

- Dotar a los equipos de valoración del personal correspondiente conforme a la normativa vigente, habida cuenta de que la ello es causa de la actual situación de precariedad en que se encuentra el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

- Informar sobre la contratación de la empresa de servicios para reforzar la gestión del archivo, sus condiciones de contratación, cualificación del personal, y se proceda, por ser personal externo a la Administración General de la Junta.

Alfredo Pérez Martínez, Presidente y Coordinador General de SAFJA reitera "que esta situación es perjudicial no sólo para los trabajadores de estos servicios sino también para la gran mayoría de la población discapacitada, que no puede ejercitar los derechos que el ordenamiento jurídico prevé". Por último, Pérez Martínez "espera que, como en otras ocasiones (Ver más información al respecto), el Defensor del Pueblo Andaluz respalde su denuncia e inste al Gobierno Andaluz a que dote de los medios humanos y materiales necesarios".

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

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