El Sindicato Andaluz de Funcionarios lleva a los Tribunales las resoluciones que aprueban los protocolos, una semana después de recurrir los estatutos de las Agencias.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, SAFJA, ha presentado varios recursos contenciosos-administrativo contra las resoluciones que aprueban los protocolos de integración del personal en las distintas Agencias de la reordenación del sector público andaluz. Además, SAFJA ha solicitado la suspensión cautelar de dichos protocolos. Mismas acciones legales que este Sindicato ha tomado contra los estatutos de las Agencias.
Tal y como manifiesta SAFJA, las Resoluciones impugnadas, además de ser contrarias a Derecho, proceden de una norma legal que resulta completamente inconstitucional como es la Ley 1/2011 y, al mismo tiempo, incumplen el propio Estatuto Básico del Empleado Público. Entre otras perlas, las funciones que estaban atribuidas a las Consejerías que pasen a las Agencias supondrán que el personal funcionario que las desempeñaba deba adscribirse de forma forzosa funcionalmente a aquélla. Se vulnera así el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución, pues bajo la fórmula de gestión cuasi-pública se halla una configuración de la Función Pública bajo criterios de Derecho Privado. Pero es más, el funcionario estará bajo el poder de personal directivo de naturaleza laboral y cuyo nombramiento no responde a criterios de mérito, experiencia, especial cualificación y libre concurrencia, sino de estricta confianza política.
Pero aún hay más, y es que no se especifica qué será de aquéllos funcionarios que no se integren en las nuevas Agencias y cuyos puestos de trabajos sean transferidos a las mismas. Una total desinformación e indefensión para los funcionarios públicos. Eso sí, el personal laboral de las empresas públicas convertidas en Agencias, se les incluye como "empleados públicos", términos que según el EBEP son "quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales" y clasifican en funcionarios y personal laboral fijo contratado por la Administración, incumpliendo así su propia legislación.
SAFJA no cesará hasta acabar con una Ley que se salta todo proceso de libre concurrencia en igualdad de condiciones presidido por los principios de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14, 23 y 103 CE), y que deja vía libre al amiguismo y al enchufismo, aún cuando esto conlleva pasar por encima de los derechos de los ciudadanos.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios continúa luchando, a pesar del evidente interés que la Administración muestra para dejar fuera a los máximos representantes de los trabajadores perjudicados, los funcionarios, en dichas Resoluciones al no contemplar la obligatoriedad de negociación previa con los sindicatos cuanto a la modificación de las RPT para "regular" los puestos de trabajo que dependerán funcionalmente de la Agencia.
El recurso contra los protocolos de integración, otro paso más de una reordenación ilegal a todas luces, es una nueva batalla abierta de tantas que este Sindicato llevará a cabo, desde todas las vías legales a su alcance, para conseguir una Administración PÚBLICA, libre de corrupciones y enchufismos.
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