Tal y como ya hizo con las alegaciones, el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha recurrido los estatutos de las Agencias ante el Alto Tribunal andaluz, publicados en BOJA, y está trabajando en los recursos contra los protocolos de integración.
(Viñeta de ROPO). El pasado 29 de abril de 2011, se publicaron en BOJA, número 83, los estatutos de las ocho Agencias instrumentales creadas en el marco de la polémica Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz. El Gobierno andaluz apenas esperó al final de los comicios electorales de los servicios periféricos de la Administración General, donde los funcionarios públicos se han hecho escuchar con un éxito de participación que ha superado el 70%.
El gabinete jurídico del Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía también hizo lo propio y sin dilación, sólo cuatro días después de la publicación de los estatutos de las agencias públicas andaluzas en BOJA, presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los recursos contencioso-administrativos contra los Decretos por los que se aprueban los mencionados estatutos (Ver en prensa). Además, el Sindicato está trabajando en los recursos contra los protocolos de integración, que prevé presentar esta misma semana.
SAFJA ya presentó las alegaciones oportunas a los estatutos, hasta en dos ocasiones, y a los protocolos de integración del personal laboral de las Agencias, para los que la Administración Pública, como viene siendo habitual, se ha saltado todos los plazos y trámites legales. Es más, el Sindicato Andaluz de Funcionarios también está trabajando en los recursos contra dichos protocolos para presentarlos lo antes posible.
Los nuevos estatutos, que no responden a ningún tipo de negociación con los sindicatos que representan a los funcionarios públicos, suponen un auténtico atentado a los derechos de los funcionarios públicos y de la propia ciudadanía. Los servicios públicos se verán claramente deteriorados ante esta privatización en cubierto que impone la Administración pública, pues los estatutos conculcan el principio de seguridad jurídica, entre otras muchas normas del ordenamiento jurídico, y constituyen el paradigma de la huida del derecho administrativo al consagrar funciones propias de las Consejerías y sus funcionarios a personal laboral de las Agencias regidos por Derecho Privado.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios persigue acabar con esta Ley que pisotea los derechos de la ciudadanía e impone el enchufismo como vía rápida, segura y barata para acceder a la Administración Pública. Es importante recordar que esta reordenación llevada a cabo por el Gobierno supondrá, siempre según fuentes de la Administración, un ahorro anual de 3 millones de euros. Cifra incomparable con el dinero otorgado a los sindicatos de clase o a las actuales Agencias, anteriormente denominadas empresas públicas, en encomiendas o subvenciones públicas. Sin ir más lejos, FAFFE recibió la semana pasada más de 16 millones y medio de euros, en una sola tacada, del erario público andaluz.
Además, SAFJA continúa su lucha en la calle. Este Sindicato se une, junto a otras organizaciones sindicales, asociaciones y plataformas, a la próxima gran manifestación, la tercera a nivel regional, que tiene lugar el sábado 14 de mayo a las 12 horas y cuyo recorrido comenzará en la Plaza Nueva y terminará en la Plaza de España.
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
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