Este Sindicato se ha querellado contra todos los responsables de este fraude.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (SAFJA) ha presentado una querella en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla contra el que fue Director General de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero Benítez, y todos aquellos que, a tenor de las investigaciones que se lleven a cabo, resulten responsables de la trama organizada en la que han participado intermediarios, empresarios, distintos cargos y responsables de la Junta de Andalucía, con el único fin de incluir en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), financiados en su mayor parte por el citado organismo, a personas ajenas a las empresas beneficiadas con estas ayudas (Ver querella) (Ver en prensa).
SAFJA entiende que se ha prescindido del protocolo y formalidades legalmente establecidas para otorgar las ayudas citadas, y que tales hechos pudieran venir motivados en las más de las ocasiones por la AUSENCIA DE PERSONAL FUNCIONARIO que controlase el procedimiento en cuestión. Los hechos denunciados se han desarrollado a lo largo de más de una década, y las motivaciones se han fundamentado en razones de amistad, profesionales, y fundamentalmente por compromisos comerciales o de dependencia. En este sentido, se ha contado con la ayuda de personal ajeno a la función pública, con el claro ánimo de hurtar la necesaria intervención.
Prueba evidente de lo expuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios es el hecho de que la Intervención General, en reiteradas ocasiones, denunció las vulneraciones habidas en la concesión de este tipo de ayudas, que obviaban lo establecido en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Es más, estos avisos han sido reconocidos por el propio Gobierno andaluz.
Por todo ello, SAFJA entiende que existen claros indicios de comisión de un posible delito de tráfico de influencias, regulado en el artículo 428 del Código Penal, y malversación de caudales públicos en concurso con el delito de prevaricación, ambos tipificados respectivamente en los artículos 432 y 404 de la citada Ley sustantiva penal.
La participación de la Administración Paralela en la trama de los ERE resulta fundamental, pues los hechos demuestran que la vigilancia no ha sido suficiente. El personal de los entes autónomos no es funcionario, por lo que los hechos investigados pudieran venir motivados por la ausencia de personal funcionario ejerciendo las labores de control que les reserva en exclusiva la Ley. Además, tal y como SAFJA lleva años denunciando, la huída del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilita claramente que los controles sean menos exhaustivos.
SAFJA no cesa en la defensa por una Administración PÚBLICA, LIBRE E INDEPENDIENTE y continúa así con la lucha contra la privatización de la Función Pública, reivindicación que constituye una de las más importantes de este Sindicato desde su fundación y siendo pionero en la misma.
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