En una resolución demoledora que da respuesta a la denuncia de SAFJA, el Defensor del Pueblo Andaluz exige a la Administración que preserve la seguridad y la salud de su personal como impone la Constitución Española.

SAFJA tiene como uno de sus pilares fundamentales, respaldado por la Ley Orgánica de libertad sindical y por la propia Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ver Ley), la defensa de la seguridad y salud de los funcionarios. Por ello, y "sorprendentemente" en solitario, denunció al Defensor del Pueblo Andaluz, (Ver la denuncia presentada por SAFJA) lo que ya era conocido entre los expertos de prevención de riesgos laborales, la falta de aplicación de la una Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que tiene ya más de quince años de vigencia, en la Junta de Andalucía, situando a sus trabajadores funcionarios y representados por este Sindicato en una condición de desigualdad frente a los trabajadores de las empresas privadas, que sí tienen protegidas su seguridad y salud laboral. Esta Administración Autonómica vigila muy estrictamente su cumplimiento en el sector privado y, sin embargo, desatiende irresponsablemente a su personal cuando el número de personas afectadas supera las 40.000.

Por ello, el Defensor del Pueblo Andaluz reprende la actuación del titular de la Viceconsejería de Empleo, (Ver la resolución del Defensor del Pueblo) al negar la información que este Sindicato le solicitó por escrito : la evaluación inicial de riesgos, el plan de prevención de riesgos laborales, la planificación de la actividad preventiva, el plan de emergencia interior y los nombres de los Delegados de Prevención que constituyen los Comités de Seguridad y Salud, de todos los centros de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía, ante las continuas denuncias que SAFJA había emprendido anteriormente por la inexistencia de la información solicitada. El Defensor recuerda que tal actuación podría vulnerar los derechos de los trabajadores recogidos en la Constitución Española, en su artículo 40.2, y le impone a la Junta de Andalucía un muestrario de obligaciones desatendidas e incumplidas, en concreto, la vulneración del Estatuto de Autonomía Andaluz y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Dicha Ley impone a la Administración Pública, a sus trabajadores y a los sindicatos una serie de obligaciones a fin de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo. Así, estos sujetos serán responsables, cada uno dentro de sus respectivos ámbitos, en la medida que sus acciones u omisiones impliquen un incumplimiento de la normativa. La responsabilidad alcanza el orden civil, penal, social y administrativo.

En el Acuerdo de la Mesa General de Negociación, con fecha de 6 de noviembre de 2001, BOJA 130, firmado por UGT, CCOO y CSIF, (Ver el Acuerdo) se acordó la constitución de los Comités de Seguridad y Salud. Pues bien, trascurridos ya quince años desde la promulgación de la Ley y diez años de la firma de este Acuerdo, no se han constituido ni los Comités ni los Delegados de Prevención, tal como el Defensor del Pueblo le solicita al Viceconsejero, sin obtener respuesta del mismo (Ver el escrito del Defensor de no respuesta por parte de la Viceconsejería). Mientras que estos sindicatos realizan campañas millonarias en prensa con fondos públicos y en las marquesinas de las grandes avenidas, junto con la Consejería de Empleo, vanagloriándose de que "somos miles luchando por la seguridad y salud laboral". En la Junta de Andalucía sin embargo, estos mismos miles, miran para otro lado de una forma irresponsable, cuando el bien que se protege es la seguridad y salud del personal de la Junta.

Desde SAFJA condenamos el incumplimiento sistemático de la normativa de prevención de riesgos laborales en la Junta de Andalucía, así como la inhibición por parte de los sindicatos y la Administración, firmantes de un Acuerdo en materia de Salud Laboral, que a fecha de hoy aún no se ha llevado a la práctica y además no ha sido objeto de denuncia por las partes implicadas.

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