La Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía está funcionando antes incluso de la aprobación de la Ley 1/2011 y, por ende, sin la existencia de sus propios Estatutos.

El pasado miércoles 16 de febrero de 2011 desde SAFJA tuvimos conocimiento y constancia del funcionamiento de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía que lleva operando desde, al menos, el 18 de enero de 2011. En esta fecha aparece un escrito presidido por el membrete y el sello de dicha Agencia y firmado por el Delegado de Zona Oriental de la Delegación Provincial en Granada de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, en relación con la recepción de autorización de una obra. Para mayor descaro, incluso posee su propia página web donde se nombra como Agencia (Ver web). Sin ir más lejos, ayer mismo se publicó en BOJA un anuncio de 10 de febrero de 2011, de la propia Agencia de Obra Pública, de adjudicación de contratos de obras y servicios durante el mes de enero de este año. Adjudicaciones por valor, ni más ni menos, que de 2,7 millones de euros (Ver BOJA).

Ante estos hechos, SAFJA ha presentado un escrito de requerimiento ante la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para que se cese inmediatamente el funcionamiento de la Agencia en cuestión (Ver escrito) (Ver en prensa). Por supuesto, si no se obtiene respuesta alguna poniendo fin al ejercicio ilegal de la Agencia, SAFJA se reserva el derecho al ejercicio de acciones legales ante la jurisdicción contenciosa-administrativa en un plazo de 10 días.

Esta Agencia cuya aprobación de entrada en vigor y funcionamiento aún no ha tenido lugar legalmente, al no haberse aprobado sus Estatutos, está operando en el tráfico jurídico administrativo sin habilitación legal alguna. Evidentemente, SAFJA manifiesta su más rotunda oposición al descaro más absoluto en los actos llevados a cabo por la Administración y se pregunta cómo es posible que desde, al menos, el 18 de enero de 2011 esté en funcionamiento y operando una Agencia Administrativa que, teóricamente, no ha entrado en vigor. El funcionamiento por la vía de hecho de la Agencia constituye una clarísima y evidente vulneración del ordenamiento jurídico, comenzando, en primer lugar, por el propio borrador del Decreto en cuya disposición final segunda se dice, negro sobre blanco, que no entrará en vigor hasta su publicación en el BOJA, hecho que no se ha producido.

Asimismo, la actuación de la Consejería de Obras Públicas supone una vulneración de la Ley 9/2007 LAJA que establece como únicos motivos de creación de una Agencia: "la necesidad de dotar al servicio o actividad de que se trate de una especial autonomía de gestión respecto de los órganos de la Consejería a los que se encuentre adscrito, la existencia de un patrimonio que por su especial volumen o entidad requiera su gestión a través de una entidad con personalidad jurídica, o la existencia de un servicio susceptible de financiarse en más de un cincuenta por ciento mediante los ingresos que genere su propia actividad". Nada de esto ha ocurrido, por ello no existe motivación y/o justificación alguna de las circunstancias que legalmente están tasadas para la creación de la Agencia y menos aún para su entrada en funcionamiento.

La nueva Agencia está asumiendo competencias que hasta ahora venían siendo desempeñadas por la propia Consejería de Obras Públicas con su personal funcionario, huyendo así del Derecho Administrativo y sustrayendo funciones propias de los funcionarios dependientes de la Consejería para traspasarlas a la Agencia creada.

SAFJA lleva años luchando contra el vaciado de funciones a los funcionarios, cuya principal beneficiaria ha sido la Administración Paralela, y exige la revocación de la Agencia de Obra Pública de la Junta. El explícito descaro con el que el Gobierno andaluz está actuando en el sector público, incluyendo la famosa promoción cruzada de laboral fijo a funcionario y establecida en esta OEP para 2010 (Ver recurso) o esta ilegal puesta en marcha de una Agencia antes incluso de su desarrollo estatutario, supone, afirma Alfredo Pérez Martínez, Presidente de SAFJA, "una auténtica tomadura de pelo para los funcionarios".

"La privatización del sector público andaluz, para consolidar el empleo de familiares, amigos, personal afín al partido y conocidos, es un hecho. Pero SAFJA no piensa parar hasta acabar con la nueva Ley 1/2011 y todas estas actuaciones ilegales y paralelas que el Ejecutivo andaluz está llevando a cabo paulatinamente, antes con encomiendas y ahora directamente con la puesta en marcha de las nuevas Agencias, ejerciendo funciones reservadas por Ley a los funcionarios". Así, finaliza Pérez Martínez, nuestros dirigentes "se montan unas Agencias de gestión privada, pero con el dinero de todos los andaluces, sin poner en riesgo patrimonio personal como ocurre con cualquier empresario privado. Y todo esto, antes incluso de tener aprobados los propios Estatutos por los que se regirán las Agencias".

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

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