SAFJA defiende los derechos fundamentales en los Tribunales, incluido el Constitucional. Continuamos diciendo "no" a un Decretazo impuesto e ilegal que vulnera los derechos de funcionarios, opositores y cualquier ciudadano que precise servicios públicos.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha interpuesto, en paralelo a la querella contra el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, un recurso de amparo constitucional contra la violación de derechos fundamentales causada por el Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio de 2010 (Ver recurso), dictado por la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de reordenación del sector público. SAFJA considera que la aplicación del citado Decreto-Ley vulnera derechos, contenidos y regulados en nuestra Constitución, como el trato igualitario de los españoles ante la Ley o el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad (Ver en prensa).
El 9 de agosto de 2010 presentamos el recurso por derechos fundamentales contra el Decreto de las Agencias ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA (Ver recurso con fecha de entrada). Fuimos los primeros en hacerlo, y tras una primera aceptación a trámite, la Sala dictó un auto donde básicamente alegaba incompetencia de jurisdicción y señalaba como única vía el Constitucional. Aunque discrepamos de este argumento, finalmente hemos sido los primeros en llevar el polémico Decreto-Ley ante el Constitucional, presentado el pasado 25 de octubre de 2010.
Está claro que este Decreto lesiona gravemente los derechos de los funcionarios, opositores e incluso del resto de ciudadanos que requieran servicios públicos. Y todo ello sin negociación alguna con los sindicatos más representativos, a pesar de la obligación legal, aunque sí con sus sindicatos afines, y así lo han hecho saber tras el último Acuerdo firmado (Ver más información). Desde SAFJA continuaremos defendiendo enérgicamente la derogación del Decreto-Ley 5/10, puesto que no es cuestión baladí la vulneración de la Constitución Española, del Estatuto Básico del Empleado Público, del Estatuto de Autonomía, de la Ley 23/1988, consecuencia de la STC 99/87, de multitud de sentencias contra encomiendas y PLDs, y de otra tanta jurisprudencia al respecto.
El Gobierno andaluz no se anda con rodeos y, sin ningún tipo de escrúpulos, ha creado un marco jurídico que permite la creación de Agencias en las que delegar fácilmente la gestión de servicios públicos, muy a pesar de lo que diga, la Ley. Este auténtico coladero del personal ajeno a la Función Pública andaluza, disfrazado de Decreto-Ley, es toda una "ganga". Sin oposiciones, sin gastos de dinero o tiempo, sin encomiendas de gestión a empresas públicas, pues ya no es necesario que la Consejería lleve a cabo dichas encomiendas porque las empresas públicas estarían dentro de una Agencia. Así, la entrada en la Administración Autónoma, por la puerta de atrás, de unas 20.000 personas ajenas a la Función Pública que, sin concurrir en igualdad de condiciones o superar prueba alguna, consoliden sus puestos en la Administración y no en sus empresas, conculca gravemente la Constitución y el principio de igualdad, mermando además las oportunidades de los opositores.
No se ha hecho más que cubrir con un tupido velo la Administración Paralela para presentarla ante la opinión pública, con una espesa capa de maquillaje, como las nuevas Agencias. Una nueva forma de encomendar ilegalmente potestades públicas al personal laboral de la Administración Paralela, atribuidas en exclusiva y por Ley a los funcionarios, con menos controles e ignorando las continuas sentencias que SAFJA tiene a su favor o los históricos Autos dictados por el TSJA, paralizando entregas de trabajos propios de los Cuerpos de Funcionarios de la Junta a SADESI (Ver Auto), a FAFFE (Ver Auto) y a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andaluza (Ver Auto).
SAFJA continuará actuando al amparo de la Justicia, en primer lugar, para evitar que el Decreto-Ley de las Agencias siga su curso y, en segundo, para que todo su personal acceda a la Función Pública de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad. "Si el Gobierno andaluz continúa actuando de esta manera, a base de Decretazo, -asevera José Manuel Mateo Navarro, Presidente y Coordinador General del Sindicato Andaluz de Funcionarios- se estará defraudando a todos los ciudadanos en su derecho a conseguir un puesto de funcionario en igualdad de condiciones, al no publicar Ofertas de Empleo Público reales, así como, también, está perjudicando la carrera administrativa de los funcionarios, al quitarles trabajo y plazas en los concursos de méritos y en su proceso de promoción interna".
Tampoco hay que olvidar, afirma Mateo Navarro, "que el funcionario público es el garante de que al ciudadano se le dé un servicio imparcial, ajustado a la Ley y al Estado de Derecho y no sujeto a los vaivenes o intereses de los partidos políticos. Aunque intenten desviar el problema, nuestra denuncia dista bastante de individualismos o ideologías políticas, más bien luchamos contra la manera ilegal de proceder de la Junta que, a base de Decretazo y sin negociación alguna, intente colar por la puerta de atrás esta amalgama que conforma la Administración Paralela". "No tenemos problema alguno en la consolidación de estos trabajadores en las empresas privadas a las que pertenezcan, -mantiene el Presidente de SAFJA- lo que no podemos tolerar es que la Administración menoscabe los derechos de opositores, funcionarios y ciudadanos receptores de servicios públicos, que perpetre bajo cuerda esta importante reforma de la Función Pública andaluza que nos afecta a TODOS y que, encima, pretenda "negociarla" SÓLO Y EXCLUSIVAMENTE con sus sindicatos".
"Por ello, -finaliza Mateo Navarro-, y como siempre, continuaremos peleando en los Tribunales, a través de todas las vías legales a nuestro alcance, por el cumplimiento, nada más y nada menos, de la legislación vigente y contra todo aquello que quebrante los derechos de los funcionarios, reconocidos ante la Ley y en los Tribunales, y cuyas consecuencias serán difícilmente reparables".
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE
SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ
