Tras denunciar el Decretazo de las Agencias ante el TSJA y el Defensor del Pueblo, SAFJA lleva ante los Tribunales a la primera sociedad mercantil del sector público andaluz.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha interpuesto, EN SOLITARIO, un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el Acuerdo de 27 de julio de 2010, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la creación de la sociedad mercantil del sector público andaluz "Empresa pública para la gestión de turismo y del deporte de Andalucía S.A." mediante la fusión de las entidades "Turismo andaluz S.A." y "Empresa Pública de deporte andaluz S.A." (Ver recurso) (Ver en prensa).
SAFJA denuncia que la resolución publicada y los Estatutos de la nueva sociedad mercantil del sector público, otorgan a la misma y a su personal laboral facultades propias de funcionarios, aún existiendo cuerpos propios de los mismos, que implica el ejercicio inherente de potestades públicas y que, por tanto, es contrario a la Ley 7/2007. Es más, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a través del Decreto Ley 5/2010 de 27 de julio de "Reordenación del Sector Público" parece estar dando los pasos necesarios para desfuncionarizar la Administración, que es tanto como eliminar la condición de funcionario de los que hasta ahora y tras superar las oposiciones, en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, hemos venido prestando nuestros servicios a los ciudadanos a través de la Administración.
El Defensor del Pueblo andaluz, el TSJA y los continuos recursos de SAFJA acusan que las entidades instrumentales invaden potestades públicas de forma ilegal e inconstitucional. Pero el Gobierno andaluz, en lugar de acatar las continuas sentencias, recomendaciones y recursos, publican un Decreto-Ley a finales de julio, extraordinario y urgente, cuya concreción llevará meses o años. ¿La incongruencia al poder? Es intolerable que la mayor reforma de la Función Pública de los últimos tiempos, se lleve a cabo sin debate parlamentario, sin explicación clara a la sociedad, y sin contribuir a la mejora de la eficiencia y profesionalidad de la Administración.
El "ejercicio de la potestad administrativa", es la garantía del ciudadano ante la Administración porque supone la imparcialidad en la aplicación de la Ley y en igualdad de todos, con absoluta independencia respecto, muy particularmente, de su afiliación política o su adscripción ideológica. Las empresas públicas, o nuevas agencias, se rigen por el Derecho Privado, no por el Derecho Administrativo. Así los funcionarios que quedando en las Consejerías queden bajo la dependencia funcional de las Agencias, pasarán de actuar bajo el principio de la potestad administrativa a actuar bajo el principio de obediencia debida, por lo que estamos volviendo a cometer los mismos errores que en el pasado.
Con la publicación del Decreto Ley 5/2010, el Gobierno de la Junta, lo que pretende es volver descaradamente a épocas del siglo XIX, como las que hemos visto en la cesantía, funcionarios al servicio de los políticos del gobierno y no al servicio de la Administración Pública. Es más que obvio que los políticos que dirigen la Administración Pública, tienen una dependencia laboral y política del partido lo que los condiciona, y así los fines de sus propios proyectos van dirigidos a sus fines partidistas fundamentalmente.
Este Decretazo significa que cada AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL, estará asociada a cada Consejería y repartirá las funciones, como estime oportuno y con la discrecionalidad a la que hace años venimos presenciando. La modificación de la Ley del Parlamento andaluz 9/2007 de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, deja poco lugar a las dudas. Concretamente, en su artículo 69, añade que "la dependencia de este personal (funcionario) supondrá su integración funcional en la estructura de la agencia, con sujeción a las instrucciones y órdenes de servicio de los órganos directivos de la misma, quienes ejercerán las potestades que a tal efecto establece la normativa general." Y continúa, por si no quedara bastante claro, que "las agencias públicas empresariales podrán llevar a cabo a través de su personal, CUALQUIERA QUE SEA SU FORMA DE VINCULACIÓN, de forma directa, funciones complementarias y de investigación y auxilio de las potestades públicas atribuidas, entre otras las de autotutela y recuperación del dominio público, sancionadora, expropiatoria, de fe pública Y DE TODAS AQUELLAS RESERVADAS A PERSONAL FUNCIONARIO."
Según determina el Decreto, el funcionario integrado, según determina el Decreto-Ley, se queda en situación de "excedencia", pero ¿dónde podrá reingresar?. ¿Qué concursos de traslados se van a poder convocar si cada Agencia funcionará de forma autónoma y con las condiciones laborales que cada una estime convenientes?. Es más, cuando todo el personal "externo" de las actuales empresas públicas esté dentro como laboral, ¿qué necesidad va a tener la Junta de desarrollar las normas aún no derogadas que afecten a los funcionarios?.
No hay día que no veamos publicados en los medios de comunicación social, las preocupaciones que desde la Junta, como máximo órgano de gobierno, tienen para con los ciudadanos andaluces, con consignas y dogmas del estilo "Andalucía imparable", y actuaciones como los Planes de Modernación, pero sus actuaciones evidencian todo lo contrario. El Decretazo de las Agencias se regirá, fundamentalmente, por Derecho Privado, por lo que tendrá vía libre para contratar todo el personal laboral que quiera. Por ello, lo verdaderamente imparable es el daño irreparable que esto puede causar a funcionarios y a ciudadanos, por afectar a la Administración andaluza, conculcando al mismo tiempo con la Constitución, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el ordenamiento jurídico vigente.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios no está de brazos cruzados y continuará estudiando todas las medidas legales posibles para denunciar lo que supone la mayor politización de la Administración y mayor privatización de los servicios públicos. Desde SAFJA continuaremos luchando por la amortización de la "Administración Paralela" para que, de este modo, se oferten más plazas mediante convocatorias para el acceso a la Función Pública, fomentando así el empleo de calidad, una medida absolutamente necesaria en estos tiempos de crisis.
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
CONTINUAMOS DEFENDIENDO TUS DERECHOS PORQUE SOMOS
FUNCIONARIOS IGUAL QUE TÚ
