Hemos recurrido, por derechos fundamentales, y hemos solicitado la suspensión cautelar del "Decretazo" para la reordenación del sector público andaluz.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Granada, ha admitido a trámite el recurso presentado el lunes 9 de agosto de 2010 por el Sindicato de Funcionarios de la Junta de Andalucía. SAFJA recurre directamente, y por la vía especial de protección de derechos fundamentales, la decisión del Gobierno Andaluz, materializado en el Decreto-Ley 5/2010 de 27 de julio, de reordenar lo que denomina "sector público andaluz", refiriéndose exclusivamente a la "Administración Paralela". Es más, el Sindicato de Funcionarios ha solicitado, como medida cautelar, la suspensión de la ejecución de los efectos de dicho Decreto (Ver Decreto-Ley) (Ver primera y segunda hoja del recurso) (Ver en prensa).
Este "Decretazo" no sólo no ha sido negociado previamente con las organizaciones sindicales de la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta de Andalucía, sino que tampoco respeta los derechos de los funcionarios y de todos aquellos ciudadanos que deseen optar a un puesto de trabajo en la Junta, bajo los principios constitucionales de igualdad, méritos y capacidad, así como el de publicidad.
Dicha reestructuración del sector público andaluz fortalece aún más la "Administración Paralela", menoscabando la propia Administración. Las encomiendas de gestión no han cesado en ningún momento, tal y como podemos comprobar continuamente en el BOJA (Ver una de las últimas encomiendas publicadas en BOJA, cuyo gasto asciende a más de 5 millones de euros), por lo que el Gobierno Andaluz continúa externalizando las funciones reservadas a los funcionarios en exclusiva, y por Ley, a sus empresas públicas, agencias y fundaciones. Todo ello, a pesar del TSJA y de los varios autos al respecto, a instancia de SAFJA (Ver Auto de SADESI) (Ver Auto de FAFFE) (Ver Auto de Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía).
Desde el Sindicato denunciamos el daño irreparable que puede causar este Decreto-Ley "a todos los "servidores públicos" y al interés general de los andaluces y ciudadanos por afectar a la Administración de Andalucía, causando (...) perjuicios de difícil o imposible reparación, en sus legítimos derechos económicos y profesionales, con lesión de los derechos fundamentales", en el caso específico de los funcionarios, "y conculcando la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía y el ordenamiento jurídico vigente".
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE
SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ
