SAFJA solicita al Defensor del Pueblo del Estado, a través del Andaluz, que interponga recursos de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley del Estado y el Decreto-Ley de la Junta, que establecen la reducción de retribuciones para los trabajadores públicos, y contra el Decreto-Ley que reestructura la "Administración Paralela".

Juan Romero, Presidente y Coordinador General del Sindicato Andaluz de Funcionarios, ha mantenido una reunión con Francisco Gutiérrez Rodríguez, Adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, en la que además de solicitar la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el Defensor del Pueblo del Estado, a través del Defensor del Pueblo Andaluz contra el Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz, también pidió, en nombre de SAFJA, la misma medida contra el Real Decreto-Ley 8/2010 y el Decreto-Ley 2/2010, estatal y andaluz respectivamente, a través de los cuales se llevan a cabo medidas para la reducción de las retribuciones a los funcionarios públicos (Ver escrito contra el Decreto-Ley de las Agencias) (Ver cuadro resumen de las nuevas Agencias) (Ver escrito contra la bajada de salarios) (Ver en prensa).

Gutiérrez Rodríguez nos recordó, ante estas actuaciones del Sindicato, que previamente debía pronunciarse la Junta de Coordinación y que el Defensor del Pueblo del Estado tenía la última palabra al respecto. Aún así, respetó nuestras manifestaciones y se mostró receptivo ante las mismas.

Por un lado, en nuestra primera solicitud, presentada el 12 de agosto de 2010, hemos señalado que el polémico Decreto-Ley de reordenación del sector público andaluz es inconstitucional, ya que, afectando a los derechos de los funcionarios y demás personal al servicio de la Administración General de la Junta, no ha sido negociado previamente con las organizaciones sindicales como exige la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

Además, el Gobierno Andaluz invade las competencias básicas del Estado, en materia de Función Pública, puesto dichas potestades públicas de las Consejerías, Delegaciones Provinciales y Agencias Administrativas, reservadas por el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) en exclusiva a los funcionarios, serán entregadas a las nuevas agencias y al personal laboral adscrito a las mismas sin que hayan concurrido en condiciones igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Incluso, al estar pendiente de aprobación la Ley que desarrolle en Andalucía el EBEP, el Gobierno Andaluz, posiblemente, contemplará en el ámbito de aplicación de la misma al personal de estas nuevas agencias, para, en las disposiciones transitorias de dicha Ley, establecer procesos restringidos de acceso a laboral fijo o de funcionarización.

Por otro lado, en otro escrito, presentado el 17 de agosto de 2010, dejamos claro que el Real Decreto-Ley del Estado y el Decreto-Ley de la Junta, que disponen la bajada de salarios de los funcionarios, tampoco han sido negociados previamente con los sindicatos, a pesar de lo establecido en la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de Andalucía o el propio EBEP que señala como materias de negociación, entre otras, "las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios, cuya regulación exija norma con rango de Ley".

Es más, tal y como afirmamos en este escrito, las medidas de ambas normas "son de carácter confiscatorio, y por ende afectan a derechos adquiridos de naturaleza económica", lo que conculca directamente con lo previsto en nuestra Constitución y en la numerosa Jurisprudencia existente al efecto.

Desde SAFJA continuamos luchando, como hemos hecho públicamente en numerosas manifestaciones y comunicados de prensa (Ver más información), ante la Justicia (Ver recurso ante la Audiencia Nacional de Madrid) y ante el Defensor del Pueblo. Por supuesto, respecto a este último, deseamos que la Junta de Coordinación acuerde solicitar al Defensor del Pueblo del Estado que interponga los correspondientes recursos de inconstitucionalidad.

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

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