El SAE actualmente dispone de una plantilla de 1.278 funcionarios y 267 laborales del VI Convenio Colectivo (que han pasado una oposición/concurso oposición) a pesar de que en la Relación de Puesto de Trabajo (RPT) figuran un total de 2.966 efectivos, lo que demuestra a las claras la desdotación de puestos de trabajo de personal funcionario.
Como consecuencia de la reordenación del sector público, existen también 1.277 trabajadores procedentes de FAFFE, Fundación multicuestionada por su vinculación con cargos y afines al partido socialista, y 426 “ALPES” y orientadores, readmitidos por sentencia judicial, lo que hacen un total de 1.970 personas, entre laborales y trabajadores externos a la Administración.
En definitiva, en el SAE hay 1.278 funcionarios y 1.970 laborales (de distintas procedencias) en contra de lo que establecen la Constitución y la Ley.
Esta problemática del SAE ha sido llevada al Parlamento, a través del famoso Decreto Ley 1/2016, en cuya Disposición Adicional se atribuían una serie de funciones que podían ser desempeñadas por el personal laboral del SAE, motivo por el que no fue convalidado (véase diario de sesiones del Parlamento de Andalucía, número 35, de 6 de abril de 2016). Todos los portavoces de los Grupos Parlamentarios (salvo el socialista), pusieron de manifiesto, que los propios letrados de la Administración informaron, que las tareas y trabajos a realizar, debían ser realizadas por personal funcionario, al existir Cuerpos funcionariales especializados, el de Ciencias Sociales y del Trabajo, el Superior de Administradores, etcétera.
El Defensor del Pueblo Andaluz, ante la queja presentada por el SAF, por la que denuncia la falta de personal funcionario y la usurpación de potestades públicas del personal laboral y el colectivo de externos del Servicio Andaluz de Empleo, ha emitido una Resolución en la que contradice a lo acordado en el Parlamento de Andalucía, al sugerir a la Administración que dicte Instrucciones para atribuir funciones indistintamente al personal laboral y al personal funcionario.
Con el entramado de personal procedente de la FAFFE y el colectivo de ALPES, la directriz a seguir es clara: en el momento en el que sus puestos de trabajo dejen de ser necesarios, la Administración Pública tiene la obligación de amortizarlos (eliminarlos) y en el caso de que realmente sean necesarios debe sacarlos a oferta de empleo público (OEP) para que todos los andaluces puedan optar a ellos en régimen de igualdad, obligación que se lleva incumpliendo desde hace años.
