Saf - Denunciamos ante Chamizo la precariedad del Centro de Valoración de discapacidad en Sevilla

Falta de personal, existencia de un sólo centro e insuficientes equipos de valoración, son algunas de las carencias, al margen de la legalidad, que padece este Centro donde se tramitan solicitudes de valoración de discapacidad que tardan año y medio en resolverse.

Hemos presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo al conocer, tras una reunión mantenida con los compañeros integrantes del CENTRO DE VALORACION Y ORIENTACION DE LA DELEGACION PROVINCIAL DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN SEVILLA, los problemas e inquietudes que soportan los trabajadores (Ver Escrito de SAFJA). A estos centros de ámbito provincial o comarcal les corresponde, entre otras funciones, el diagnóstico, la valoración, la calificación y la orientación de personas con discapacidades físicas, sensoriales y/o psíquicas.

La gravedad de la situación en la que se encuentra el CENTRO DE VALORACIÓN Y ORIENTACIÓN, este caso en Sevilla, radica en que detrás de cada solicitud de valoración de discapacidad, EXISTE UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y NECESIDAD QUE DEBE ATENDERSE y que, sin embargo, no atiende la Administración, estando obligada a ello. Según el Decreto 258/2005 de 29 noviembre, en base a la población potencial atendida de la provincia de Sevilla, corresponden un total de 15 equipos de valoración y orientación y dos Centros (cifras obtenidas partiendo de la base de datos del Instituto de Estadística de Andalucía para 2009 que estima una población de 1.886.841). Sin embargo, en la relación de puestos de trabajo de dicha Delegación consta sólo un Centro con únicamente 12 equipos, y de ellos 11 dotados, por lo que la capacidad de atención al ciudadano se ve mermada en casi un 40%.

Este primer problema de dotación de los equipos se agrava en el caso del personal administrativo, que se encuentra en clara desventaja debido a que la dotación es totalmente insuficiente. Es más, sus funciones principales son la gestión de las solicitudes de valoración y sus correspondientes expedientes, y la tramitación de las resoluciones a los interesados. Al sufrir una escasa dotación de dicho personal, los equipos se encuentran desbordados y el tiempo mínimo de espera actual desde que entra una solicitud hasta que se resuelve y se comunica a los interesados es de, nada más y nada menos, que 18 meses. Año y medio para conseguir esta documentación necesaria, por ejemplo, para acceder a las prestaciones de la Ley de Dependencia, a las ayudas municipales y para disfrutar de descuentos fiscales.

Debemos recordar al Gobierno andaluz que el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 24, dice que "Las personas con discapacidad y las que estén en situación de dependencia tienen derecho a acceder, en los términos que establezca la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios para su desarrollo personal y social". Los equipos de valoración están totalmente desbordados por los insuficientes recursos humanos y materiales que, según el mismo Gobierno andaluz, no se restringen en temas relacionados con la Igualdad y las políticas sociales. Pero la realidad, lamentablemente, es otra.

También se está llevando a cabo un inminente traslado del Centro a la zona de Sevilla Este dada la lamentable situación en que se encuentra el actual, situado en la zona de la Macarena, pero que al parecer este cambio no mejora en absoluto la situación. La solución no es otra que la implantación de dos Centros situados en diferentes zonas de Sevilla, pero ambos adaptados a la legislación vigente y a las auténticas necesidades de los ciudadanos que requieran sus servicios, facilitando así el acceso a los discapacitados.

Por todo ello, desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, denunciamos esta situación perjudicial no sólo para los trabajadores de estos servicios sino también para la gran mayoría de la población discapacitada, que no puede ejercitar los derechos que nuestro ordenamiento jurídico prevé. Como siempre, esperamos que, al igual que hemos conseguido en otras ocasiones (Ver más información al respecto), el Defensor del Pueblo Andaluz respalde nuestra denuncia e inste al Gobierno Andaluz a que dote de los medios humanos y materiales necesarios para solucionar el excesivo retraso de 18 meses en la resolución de las solicitudes, lo que perjudica gravemente los derechos de los ciudadanos.