Casi 50 funcionarios de la Consejería de Justicia serán trasladados apresuradamente de Sevilla a Camas, sin negociación previa ni publicación de la correspondiente modificación RPT, al margen de toda legalidad.

traslado_justicia_a_camasDesde SAFJA denunciamos el ILEGAL, INJUSTIFICADO Y APRESURADO traslado de numerosos funcionarios de distintos Servicios adscritos a la Dirección General de Oficina Judicial, Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia y Administración Pública, establecidos en Sevilla. En concreto, cambian su ubicación el Gabinete de Relaciones Institucionales y 5 Servicios: el Servicio de Cooperación con la Administración de Justicia, el Servicio de Asociaciones y Colegios Profesionales, el Servicio de Protectorado de Fundaciones de Andalucía, el Servicio de Menores Infractores y el Servicio de Medidas de Medio Abierto (Ver escrito presentado por SAFJA) (Ver noticia en El Mundo) (Ver noticia en ABC) (Ver noticia en El Correo de Andalucía) (Escuchar entrevista en esRadio).

Son casi 50 compañeros los perjudicados por esta grave actuación de la Administración, que pretende trasladarlos precipitadamente al Polígono Vega del Rey (Camas) al margen de la legalidad vigente. La modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Justicia llegó a Mesa Técnica, a la que nos opusimos los 5 sindicatos con representación en la misma. Es más, NI TAN SIQUIERA PASÓ POR LA ÚLTIMA MESA SECTORIAL, celebrada el pasado 18 de diciembre de 2009, por lo que no ha habido negociación alguna. Para hacerse efectivo el traslado no sólo tiene que aprobarse la modificación en Mesa Sectorial, cosa que no se ha hecho, sino que además debe salir publicada dicha modificación en BOJA, cosa que tampoco, pues el traslado es fuera de la localidad de Sevilla.

Incluso la Junta de Personal de los Servicios Centrales envió un informe a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Justicia, solicitado por la misma tal y como manda la normativa, oponiéndose al traslado. La situación se agrava cuando nos ponemos en la piel de los compañeros de los servicios afectados, a los que no se les respeta la conciliación de la vida laboral y familiar de la que tanto presume la Administración, y que se han incorporado tras un concurso de traslado y tras un proceso de selección y que, una vez elegido como destino el centro de Sevilla, ahora deben mudarse a las afueras donde ni tan siquiera llega el transporte público. Problema que también es extensible a los ciudadanos que tengan que realizar gestiones en dicho centro. Ni siquiera nosotros recibimos respuesta de la propia Secretaría General Técnica, a pesar de nuestra insistencia.

En nuestro Sindicato ya nos consta que se les han facilitado a algunos compañeros cajas de cartón para embalar sus pertenencias y los planos de distribución de los Servicios adscritos a la Dirección General que se trasladan, con el fin de escoger e indicar sobre dicho plano, como plazo máximo fue el pasado viernes 8 de enero de 2010, los puestos de trabajo que ocuparán en el nuevo sitio. También ya han advertido que la mudanza tendrá lugar mañana, martes 12 de enero de 2010, y el miércoles, 13 de enero de 2010.

No podemos entender la premura que la Administración tiene en este atropello, que difiere bastante de las pautas legales de actuación que deben llevar a cabo. Pretenden trasladar a estos compañeros ilegalmente, sin negociación ni publicación de la modificación de RPT en el BOJA, y todo ello, según parece, para beneficiar a un Coordinador, PLD, nivel 30, y perjudicar a casi 50 personas más de la misma Dirección General. Este acto discriminatorio, puesto que, excepto los compañeros que forman parte del Gabinete de Relaciones Institucionales y de los 5 Servicios mencionados anteriormente, el resto de esa Dirección General se queda en Sevilla, responde a una IMPOSICIÓN SIN ARGUMENTOS NI PREVIO AVISO.

Por supuesto, desde SAFJA no podemos permitir que la Administración consiga llevar a cabo este tipo de artimañas, al margen de cualquier legalidad, que perjudican a numerosos compañeros y que no respondan a ningún fin en concreto. Esperamos poder detener, luchando desde cualquier vía legal a nuestro alcance, lo que consideramos un auténtico abuso de los derechos de los funcionarios y pedimos a la Administración que recapacite, para poder tratar en Mesa Sectorial, este polémico asunto que afecta a decenas de funcionarios.

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