Los Servicios Jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios frenan un nuevo abuso de la Junta de Andalucía, tras tres años de lucha continuada con la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

Una funcionaria del Servicio de Protección de Menores de Sevilla fue sancionada por falta grave al negarse a cumplir una orden, manifiestamente ilegal, que consistía en acudir fuera de su horario de trabajo (a las cinco de la mañana),  a retirar unos menores en una zona marginal de Sevilla. Recurrida dicha sanción por parte del Sindicato Andaluz de Funcionarios ante los tribunales, éstos vuelven a fallar en contra de las pretensiones de la Junta de Andalucía.

Este hecho no es nuevo, puesto que fueron dos las funcionarias sancionadas por expediente disciplinario recaído por el mismo motivo: negarse  a cumplir la orden de retirada de menores en la barriada de las 3000 viviendas de Sevilla, que fue realizada con una fuerte presencia policial y de madrugada. La respuesta de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla no se hizo esperar y fue dura y contundente con la iniciación de un expediente disciplinario, tras la imposición de sendas sanciones por dos faltas graves a cada una de ellas, total cuatro. Los Servicios Jurídicos de este Sindicato iniciaron la defensa tanto en vía administrativa, durante la incoación del expediente disciplinario, como en vía judicial.

En noviembre de 2015 se obtuvo la primera sentencia del Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número nueve de Sevilla, que estimó las pretensiones de la funcionaria sancionada tras afirmar que existía un riesgo para la integridad física de la interesada sin que la Administración adoptara medidas ante el mismo.

Ahora el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número tres de Sevilla,  ha dictado nueva sentencia estimatoria de los intereses de la interesada, en una sentencia aún más aclaratoria, apoyada en abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en la que se afirma que se incumplen gravemente las normas de prevención de riesgos laborales, además de estimar la ilegalidad de la orden recibida por las técnicas en cuestión y su derecho a no cumplirla.   

Esta nueva sentencia pone de manifiesto, de nuevo, la caótica situación en la que se encuentra la Función Pública andaluza, y el nulo cumplimento de las normas más básicas de prevención de riesgos laborales y de la conciliación de la vida laboral y familiar de los funcionarios públicos andaluces.

Por último, recalcar que de los cuatro altos cargos de la Junta de Andalucía implicados en los expedientes disciplinarios tres han sido cesados.