Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios nos congratulamos por la NO convalidación del Decreto Ley 1/2016. Este Decreto Ley siempre lo hemos considerado inaceptable y un atropello a los derechos no solo a los funcionarios sino también a los ciudadanos de Andalucía. Una norma impropia de una democracia, y más acorde con otros regímenes. El Parlamento es el órgano supremo de representación política de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y no se ha hecho cómplice de las burdas y torticeras artimañas del gobierno andaluz, que se olvida que ya no tiene mayoría absoluta en esta Institución.
El gobierno andaluz, con este Decreto Ley no convalidado, pretendía eludir el incumplimiento de numerosas sentencias judiciales que impedían al personal proveniente de la “administración paralela” (antigua FAFFE) realizar las potestades públicas, que por Ley solo les corresponde a los funcionarios públicos. También, se producía un atentado insólito al derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución, a la tutela judicial efectiva. Y se producía tal violación en una doble vertiente: por un lado, porque se impedía tanto a los Sindicatos como a cualquier otra persona que se considere afectada por la norma, demandar la tutela de los jueces y tribunales, tal como contempla nuestra Carta Magna.
El verdadero fin del ejecutivo andaluz y del partido que los sustenta (PSOE-A), es “colonizar” la administración pública (la que sirve al interés general de todos los ciudadanos de Andalucía) con ese personal proveniente de fundaciones, empresas públicas, consorcios y otros entramados que de forma rimbombante denominan “Entidades Instrumentales”, que han sido y son auténticas agencias de colocación para afines y familiares.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios es la única organización sindical, que va a seguir luchando por una administración pública despolitizada e independiente. Una administración ejercida por los profesionales de la función pública, que son los funcionarios públicos. Y no escatimará esfuerzos para que cualquier ciudadano pueda acceder a la administración bajo los principios constituciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
