Saf - Detenemos una encomienda de gestión cuyo gasto ascendía a casi 100.000 euros.

El TSJA suspende, a instancia nuestra, una encomienda de gestión a SADESI, sociedad mercantil adscrita a Innovación. La adopción de esta medida cautelar es todo un hito en nuestra trayectoria sindical.

stop_web Un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, suspende cautelarmente, tal y como solicitamos, la resolución de 27 de febrero de 2009 por la que se encomienda a SADESI, Sociedad Mercantil adscrita a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, la operación y soporte de Sistemas de Gestión empresarial implantado en la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Ver BOJA nº 93 de 18 de mayo de 2009).

Esta suspensión es todo un hito, y que hayamos conseguido parar una encomienda de gestión de esta envergadura no tiene antecedentes en nuestra historia (Ver Auto del TSJA). Desde SAFJA siempre hemos defendido, y continuaremos haciéndolo, que la atribución de potestades públicas al personal de la mercantil pública, en este caso, es contraria a Ley y supone el reflejo de la huída del Derecho Administrativo que está experimentando la Administración andaluza, vaciando de contenido las funciones y atribuciones de los funcionarios públicos. Argumento respaldado por la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que dispone, en su artículo 9.2: "En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".

A pesar de la excusa de la Administración del agravio que puede causar no llevar a cabo esa encomienda de gestión, que supone un coste de casi 100.000 euros, el TSJA asegura que "concurren los presupuestos para la adopción de la medida por las siguientes consideraciones:

a) Si hasta la fecha de la Resolución todas las funciones encomendadas eran realizadas por el personal y funcionarios de la Agencia adscrita a la Consejería de Presidencia, la adopción de la medida no perturbaría el interés general y sin embargo, la no adopción podría hacer perder la finalidad legítima al recurso, pues si los trabajadores de una mercantil ejercen potestades públicas en la ejecución de la encomienda la situación sería difícilmente reversible.

b) En la ponderación de intereses en conflicto, el interés general alegado por la Administración y plasmado en la nota informativa, no se ve perturbado porque dichas funciones puedan realizarse como hasta ahora por los numerosos funcionarios que tiene la Administración a quien incumbe la planificación y racionalización de sus recursos humanos, sin necesidad de aumentar el gasto."

La Junta debería cumplir la legislación de su propio Parlamento Andaluz, cuyo artículo 106 de la Ley 9/2007, "Encomienda de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector público andaluz", dispone claramente que "la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo". Incluso la Sala recuerda que ya ha estimado el recurso 597/2008, también a instancia nuestra, contra otra encomienda de gestión al entender que contenía el ejercicio de potestades públicas reservadas a los funcionarios. Dicha Sentencia del TSJA, pionera en Andalucía, declara nula una Orden de Encomienda del SAE a la FAFFE (Ver Sentencia FAFFE).

Este auto marca un nuevo camino en nuestra lucha constante contra la estrategia de la Junta de ceder competencias de sus Consejerías a su entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, sociedades mercantiles, etc. Encomiendas que suponen, como es el caso, cientos de miles de euros que podrían destinarse en plena crisis a crear empleo estable y de calidad. Casos como los protagonizados por las empresas públicas Dapsa, Egmasa, FAFFE y SADESI están dando mucho de qué hablar, ya no sólo por las investigaciones abiertas o las protestas masivas, sino por la política de privatización continuada de los servicios públicos que la Administración está llevando a cabo.

Este nuevo éxito es un paso más hacia delante para acabar, de una vez por todas, con este descarado engorde de la "Administración Paralela", creada por el Gobierno andaluz con la excusa de agilizar los trámites cuando, la cruda realidad nos muestra que se trata de gastar el dinero público con los menores controles posibles y, además, de contratar al personal sin ofertas públicas de empleo a las que pueden concurrir todos los desempleados andaluces que lo deseen, ni someterse a otros procesos públicos (promoción interna, concursos de méritos, etc.).

Descargar Informativo para colgar en tablón (versión PDF).