La denuncia se origina ante posibles irregularidades en la organización y realización de un examen en el curso de ingreso a cuerpos de Policía Local.
La Fiscalía Superior de Andalucía ha abierto diligencias de investigación penal para averiguar si el director de la Escuela de Seguridad Pública y el jefe del Servicio de Formación incurrieron en un posible delito de prevaricación en la organización y realización de un examen de derecho en el curso de ingreso a los cuerpos de Policía Local (Ver Decreto de apertura de diligencias de investigación) (Ver noticia en prensa).
En el caso que investiga la Fiscalía, la mitad del alumnado, que suspendió un examen de derecho administrativo, consideró que los criterios de evaluación aplicados (se exigía un 65% de respuestas correctas para aprobar y, además, las respuestas erróneas puntuaban negativamente) eran incorrectos.
Los directivos de la Escuela, en lugar de dar a la reclamación de los alumnos el tratamiento previsto en las disposiciones vigentes (que contemplan la posibilidad de recurrir en dos instancias: primero, ante la comisión de revisión de calificaciones y, en última instancia, a la Dirección General; e, incluso, en su caso, ante la jurisdicción contencioso-administrativa) y, sin ni siquiera contestar por escrito la reclamación del alumnado, decidió llevar a cabo un nuevo examen que podría incurrir en irregularidades.
Entre dichas irregularidades se encuentra que en la realización del mencionado examen no estuvieran presentes ni los profesores, ni el jefe del Departamento, ni los directivos de la Escuela, ni ningún otro funcionario que garantizase la rectitud, integridad y corrección de la realización de la prueba. Todas las personas que se presentaron al examen aprobaron con magníficas notas.
Hay que señalar que dicho curso de ingreso en los cuerpos de la Policía Local forma parte del proceso selectivo y que para considerar aprobadas las oposiciones hay que superar tal curso, que se realiza en la Escuela de Seguridad Pública.
Antes de que el Fiscal Superior de Andalucía decretara la apertura de las diligencias de investigación penal, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Inspección General de Servicios de la Junta y de la dirección general de Interior, Emergencias y Protección Civil -de la que depende orgánica y funcionalmente la Escuela-, sin que ninguna de las dos instancias adoptara decisión para restablecer la legalidad y pedir responsabilidades a sus autores.
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