El Sindicato advierte que una encomienda de gestión al ente instrumental Tragsa vulnera principios fundamentales básicos como seguridad jurídica, objetividad e imparcialidad.
Málaga.- El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado denuncia ante la Fiscalía Provincial de Málaga por un posible delito de prevaricación administrativa contra una encomienda de gestión atribuida a Tragsatec, Empresa Pública Tecnológica y Servicios Agrarios filial de Tragsa (Ver primera página de la denuncia) (Ver en prensa).
La encomienda, de orden del 26 de febrero de 2015, atribuye a Tragsatec la ejecución de trabajos en "apoyo técnico a la gestión de ayudas" públicas a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
La redacción de la encomienda es tan genérica que cabe la delegación de cualquier función pública relacionada con la gestión de las ayudas al ente instrumental. Además, esta encomienda requiere publicación y licitación debido al importe económico, por lo que puede suponer la nulidad de pleno derecho al llevarse a cabo por la empresa encomendataria sin convocatoria pública y sin un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
El propio Tribunal de Cuentas advierte sobre el encarecimiento de los servicios en estos casos y reconoce que "algunas entidades encomendatarias como TRAGSA y SEGIPSA" se utilicen "como medio para todo". Y añade que "la carencia de medios para dar cobertura a tan amplio objeto social determina que en ocasiones las entidades encomendatarias contraten con terceros la práctica totalidad o la mayor parte de la ejecución de la encomienda, lo que supone que estas entidades actúan como simples intermediadoras, orillando el régimen de contratación previsto para la entidad que demanda la prestación así como encareciendo el precio de la misma".
Es más, SAF recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha manifestado en múltiples sentencias que tras la encomienda lo que realmente existe es una masiva cesión ilegal de trabajadores y una usurpación de funciones por personas que no son funcionarios y que no han superado proceso selectivo alguno, vulneran los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, lesionan el bien jurídico protegido en el delito de prevaricación administrativa.
SAF recuerda en su denuncia que la gestión de ayudas públicas por personas ajenas a la Función Pública quiebra los principios fundamentales básicos como la seguridad jurídica, la objetividad y la imparcialidad.
Descargar informativo (versión pdf).
