Dos miembros del Consejo Consultivo advierten de las gravísimas consecuencias de un dictamen encargado por la propia Consejería de Hacienda sobre este asunto.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Andalucía por presuntos delitos de prevaricación de comisión por omisión y de desobediencia de resolución judicial contra la Consejera de Hacienda y Administración Pública, la Secretaria General para la Administración Pública, la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, el Presidente del Consejo Consultivo, a cuatro consejeros electivos y al Letrado Mayor (Ver primeras páginas de la denuncia) (Ver en prensa).
SAF considera un despropósito innecesario que la Consejera contemple en la solicitud del dictamen al Consultivo la posibilidad de "una disposición con rango de ley" que "soslayara" las sentencias del TSJA y constate que la Junta "no comparte la doctrina del Tribunal (...), aunque por imperativo del artículo 118 de la Constitución se ha visto obligada a acatarla".
SAF manifiesta su indignación en la denuncia, con una extensa prueba documental, y recuerda que no existe controversia jurídica entre TSJA, TS, TC y TJUE sobre la valoración de servicios previos como interino, ya que el fallo comunitario recoge el requisito de experiencia para participar en promoción interna y no la antigüedad del baremo en el concurso. Pero la Junta propició la judicialización del último concurso que culminó el TSJA con varios fallos firmes que dan la razón a SAF y afirman que valorar la interinidad en este caso vulnera derechos fundamentales.
SAF califica de inconcebible el dictamen del Consultivo. A este respecto, dos consejeros han recordado en el voto particular la obligatoriedad de cumplir los fallos firmes y advierten que se "convierte al Consejo Consultivo de Andalucía en una especie de Tribunal de Apelación o de Casación frente a resoluciones judiciales que no son del agrado de la Administración autonómica (...), reprochando además que éste (el TSJA) anulara una disposición sugerida por el Consejo en el dictamen 310/2004, y tras haber sido condenado en costas".
Ambos consejeros concluyen que "no existe contradicción, como interesadamente se quiere hacer ver" y que se pretende "desvirtuar las sentencias firmes" del TSJA "y convertir al Consejo Consultivo de Andalucía en coartada de una decisión política", algo que SAF considera peligrosísimo en su denuncia.
Esta batalla judicial no es nueva, SAF ha logrado desde 2004 incontables sentencias firmes al respecto, pero más de 21.000 funcionarios sólo han podido participar en un concurso en los últimos cinco años, cuando deberían haberse resuelto al menos cinco.
SAF continuará luchando por convocatorias semestrales de concursos, como establece el Decreto 2/2002, ya que su ausencia dañan gravemente las expectativas profesionales de los trabajadores, su derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar con desplazamientos sin retorno y la calidad de los servicios públicos ante la falta de reposición de efectivos que supone encontrar centros de trabajo casi sin funcionarios, como sucede en oficinas del SAE con menos de la mitad del personal. Situaciones que SAF lamenta y considera, cuando menos, intolerables.
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