SAF solicitó al Fiscal Superior de Andalucía investigar las posibles irregularidades que recogía la Cámara de Cuentas en un informe sobre ayudas concedidas a consorcios.
La Fiscalías Provinciales de Almería y Granada son las primeras en dirigirse al Ministerio Fiscal para la interposición de denuncias penales ante el juzgado competente en el caso de las posibles irregularidades en la gestión de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) (Ver en prensa).La decisión de la denuncia por parte del Fiscal Jefe almeriense está fundamentada en que "los hechos pueden ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos de los artículos 432 y ss. del Código Penal".
Por su parte, la Fiscalía Provincial de Granada dicta un Decreto más extenso que en el caso de Almería y en el que resuelve formular denuncia penal "por si los hechos pudieran constituir delitos de malversación de caudales públicos" y añade considerar un posible "delito de fraude o prevaricación administrativa".
El Fiscal Jefe de Granada reconoce que, aunque las resoluciones de ayudas e incentivos están firmadas por el Director General de Calidad de los Servicios para el Empleo del SAE, "los eventuales artificios o engaños para la concesión de las ayudas o subvenciones se han debido cometer en el ámbito de las delegaciones provinciales para poder recibir las subvenciones".
Ambas Fiscalías han comunicado esta decisión a SAF, ya que a raíz de la denuncia del Sindicato el Fiscal Superior de Andalucía ordenó "la remisión de copia testimoniada íntegra de las presentes Diligencias de Investigación Penal nº 15/2014 a todas las Fiscalías Provinciales de la Comunidad Autónoma para que (...) lleven a cabo la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente".
Durante los años 2010, 2011 y 2012 el SAE concedió ayudas por un valor de 57.340.676 euros a 95 consorcios Utedlt, operativos desde 2002. A este respecto, la Cámara de Cuentas de Andalucía recoge en el Informe de Fiscalización OE 3/2012, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal y en el uso de herramientas de control, así como advirtió sobre posibles indicios generadores de responsabilidad penal.
SAF apoya la decisión de las Fiscalías de seguir adelante, ya que considera fundamental que la Justicia investigue en profundidad estas posibles irregularidades en la gestión de millones de euros de las arcas públicas y se depuren responsabilidades si fuera necesario.
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