Incluir la cualidad de funcionario al agente forestal, eliminar su carácter auxiliar y prevalecer el interés general sobre el privado, son algunas de las reivindicaciones del Sindicato.
El presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), José Manuel Mateo, se dirige por escrito al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para hacerle llegar varias consideraciones sobre los cambios en la Ley 43/2003 de Montes.
SAF denuncia que las modificaciones en la mencionada Ley pretenden sustituir progresivamente a los funcionarios agentes forestales por vigilantes de seguridad de cualquier empresa, encomendar la gestión de los montes a entes instrumentales privados y utilizar de forma partidista a los profesionales de los montes españoles, en detrimento del patrimonio forestal (Ver primera página del escrito) (Ver en prensa).
SAF entiende que la definición de agente forestal que redacta la Ley de Montes debe incluir la cualidad de "funcionario" del mismo, pues es nombrado como tal al superar las correspondientes oposiciones en concurrencia competitiva y conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es más, entre sus funciones está el desempeño de potestades públicas.
SAF también pide eliminar el carácter "auxiliar" que se otorga al agente forestal respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo limita exclusivamente a los jueces y tribunales en materia penal y del Ministerio Fiscal. Los agentes forestales desarrollan funciones que no pueden considerarse auxiliares, como levantamiento de acta o toma de muestras, en relación con posibles delitos medioambientales y que, a posteriori, servirán como prueba fehaciente ante cualquier Tribunal de Justicia.
Por otro lado, SAF considera que la Administración gestora debe limitarse a la Administración pública estatal, autonómica o local y cerrar la posibilidad de encomendar su gestión a empresas públicas o cualquier ente instrumental.
SAF insiste en la importancia de estos cambios que afectan directamente al personal funcionario y al ejercicio de las potestades públicas, fundamentales para garantizar el servicio público a los ciudadanos y huir de la privatización de la Administración pública.
También se añade la procedencia, "del Estado", a la denominación de los cuerpos de Ingeniería Agrónoma y de Montes. Ante la intención de establecer un único cuerpo, el estatal, SAF exige que se especifique "sin perjuicio de los cuerpos creados por las Administraciones autonómicas o locales".
Finalmente, José Manuel Mateo anima por escrito al presidente del Gobierno a defender a los funcionarios públicos como "valor en alza del interés general", con la esperanza de que lo público e interés general de los ciudadanos prevalezca sobre el interés partidista y privado.
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