El Sindicato solicitó que se investigara el contenido del Informe de Fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre ayudas concedidas a consorcios y que se esclarecieran posibles irregularidades.
A raíz de la denuncia del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) y tras pedir una prórroga, el Fiscal Superior de Andalucía dicta un decreto de remisión que ordena continuar con la práctica de las Diligencias de Investigación Penal nº 15/2014 sobre las ayudas concedidas a las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (UTEDLT), entidades de derecho público con personalidad jurídica propia y participadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y por la Administración Local a través de corporaciones municipales y supramunicipales (Ver en prensa).
El SAE concedió ayudas de 2010 a 2012 por un valor total de 57.340.676 euros a los 95 consorcios UTEDLT, operativos desde 2002. Precisamente el Informe de Fiscalización OE 3/2012 de la Cámara de Cuentas de Andalucía origina la denuncia de SAF al recoger, al igual que la Unidad Adscrita de Policía Judicial, la opacidad en la finalidad de las subvenciones y las irregularidades en los procesos de selección de personal. En este sentido, la Cámara concluye que "un 2% de las personas seleccionadas no estaban inscritas en el SAE como demandantes de empleo" y que en un 48% de los casos no había mediado convocatoria pública. Es más, los Directores recibían incentivos, indemnizaciones y salarios de miles de euros.
El Decreto establece que el Informe de la Cámara de Cuentas recoge "deficiencias, anomalías o irregularidades localizadas en la concesión de las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo de las que se podrían desprender indicios generadores de responsabilidad penal (...). Será preciso, por tanto, analizar de manera pormenorizada los mecanismos de concesión y control de estas ayudas en orden a determinar las personas responsables".
La Fiscalía señala que tales hechos "podrían alcanzar relevancia penal como delitos de malversación de caudales públicos en alguna de las modalidades que se contienen en los artículos 432 y siguientes del Código Penal, al margen de otras posibles tipologías que podrían tener lugar como diversas formas de fraude o prevaricación administrativa".
Además, el Fiscal informa en el Decreto que "antes de proceder a la judicialización de estos hechos, (...) parece necesaria una limitada labor de campo en el ámbito territorial de cada uno de los Consorcios que fueron creados para determinar si tuvo o no tuvo lugar actividad alguna que justificara la subvención que fue concedida y así establecer, si se estimara preciso, los indicios acerca de la relevancia penal de los hechos y la determinación de aquellas personas que puedan resultar responsables, en especial de quienes otorgaron la subvención en cada provincia sin verificar control alguno de su funcionamiento o llevaban a cabo labores de dirección. Hay que tener en cuenta, además y como recuerda la Policía Judicial en su informe, la posible responsabilidad resultante de la no conservación de la documentación que cada Consorcio debía guardar por el plazo de cinco años conforme queda establecido en la Orden de 21 de enero de 2004".
Por todo ello, el Fiscal concluye que se lleve a cabo "la investigación de los hechos y, si fuera preciso, formulen la denuncia correspondiente".
SAF continúa en solitario defendiendo a través de las denuncias, el derecho de todos los ciudadanos al acceso a los puestos de la Administración pública andaluza, bajo las premisas constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
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