El Sindicato reitera por escrito que las potestades públicas están reservadas por Ley a los funcionarios.
Cádiz.- El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito a la Delegación del Gobierno en Cádiz ante la posibilidad de que personal ajeno a la Administración Pública realice funciones de registrador, concretamente, como responsable de comprobar, garantizar y autenticar la identidad de los solicitantes del certificado digital (Ver primera página del escrito).
El Sindicato requiere al Delegado del Gobierno y al Secretario General de Justicia e Interior que "ninguna potestad o función que según la Ley deba ejercerse por funcionario público sea realizada por el personal no funcionario so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones".
El caso es que se ha autorizado a personal de una empresa privada llevar a cabo tareas de asistencia técnica como informáticos en las sedes judiciales y realizar el trabajo de registrador dentro del procedimiento de obtención de certificados digitales.
SAF afirma que dichas funciones están reservadas a los funcionarios o a personal adscrito a las Administraciones Públicas pero en ningún caso a personal de una empresa privada que carece de vínculo directo con la Administración. Es más, la Administración tiene un contrato de servicios con la empresa, no de gestión de un servicio público.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios se reserva el ejercicio de cuantas acciones legales estime oportunas, en defensa de los derechos e intereses de los funcionarios a los que representa.
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