A pesar de la existencia de un cuerpo de informática, desde 2007 no se convocan oposiciones y determinadas tareas recaen en costosos contratos.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha denunciado por escrito ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública que relegue a través de costosos contratos a empresas externas la gestión de un gran número de datos personales. Para evitar esta grave situación, el Sindicato pide a la Consejera que cubra los puestos vacantes adscritos a los distintos cuerpos de informática para realizar las tareas relativas al Sirhus, sistema de información de gestión integrada de los recursos humanos de la Junta de Andalucía (Ver en prensa).
SAF también requiere en su escrito información sobre estos contratos y las actuaciones administrativas que han determinado la necesidad e idoneidad de los mismos.
A pesar de las necesidades en administración electrónica, desde 2007 no se convocan pruebas selectivas para cubrir los puestos vacantes en los cuerpos de las especialidades de informática y no se realizan llamamientos de interinos. El Sindicato denuncia que la Junta acuda injustificadamente en los últimos años a contratos y encomiendas de gestión para desarrollar tareas que han sido siempre cometidas con profesionalidad y eficiencia por funcionarios de los cuerpos mencionados.
La Administración asume graves riesgos al dejar sus sistemas de información en manos de empresas externas. Esto supone expedientes y datos sensibles de miles de andaluces sin un control adecuado en el trámite que vele correctamente por la intimidad y por los derechos de los ciudadanos, además del peligro que supondría cualquier error en su custodia.
SAF rechaza esta forma de actuar de la Junta que margina a los funcionarios informáticos y conlleva a la surrealista situación de tener a cientos de trabajadores sin funciones asignadas. La única salida para este colectivo es cambiar a puestos que no están relacionados con su especialidad con el correspondiente detrimento en su carrera profesional, en la atención al ciudadano y en la calidad de los servicios públicos.
La Junta desaprovecha un colectivo funcionarial formado y seleccionado en base a la igualdad, los méritos y la capacidad, frente al personal externo cuyas condiciones laborales y salariales están impuestas por las empresas, despilfarrando fondos públicos de forma absolutamente arbitraria.
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