Alegamos contra el nuevo proyecto de Decreto sobre el Plan Infoca que supondrá una mayor encomienda de gestión de potestades públicas a personal ajeno a la Función Pública, en detrimento de nuestros derechos como funcionarios. Todo ello a pesar de la reciente sentencia del TSJA, a instancia nuestra, que anula esa misma acción a la FAFFE.

Nuestro Sindicato ha presentado un escrito de alegaciones al nuevo proyecto de Decreto que ha de aprobar el Plan de Infoca (Plan de Emergencias de Incendios Forestales de Andalucía). En el BOJA nº 133 de 10 de julio de 2009, se publicó la Resolución de 17 de junio de 2009, de la Dirección General de Gestión del Medio Ambiente de la misma Consejería, por la que se emplaza para información pública a todos aquellos interesados en el Proyecto de Decreto que ha de aprobar el mencionado Plan (Ver Documentos del Proyecto de Decreto y el nuevo Plan Infoca que hemos alegado) (Ver Escrito de alegaciones).

Desde SAFJA advertimos que dado que el Proyecto puede afectar a las condiciones de trabajo del personal funcionario de esa Consejería y sus Delegaciones Provinciales, se tendría que haber negociado previamente en la Mesa Técnica de esa Consejería, en primer lugar, y después en la Mesa Sectorial de la Administración General de la Junta, según la normativa vigente sobre la materia. Como no ha sido así, la omisión de esa previa negociación, con las Organizaciones Sindicales con representación en la citada Mesa Sectorial, puede ser causa de nulidad del Decreto que pretende aprobar el Consejo de Gobierno (Ver nuestra denuncia en prensa).

Además en nuestras alegaciones al Plan Infoca seguimos defendiendo, como siempre, que, respecto al contenido del proyecto del Plan, esa Consejería y sus Delegaciones Provinciales han de tener en cuenta lo que dispone la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que dispone: "En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca". A tal efecto, hemos adjuntado a nuestro escrito de alegaciones la Sentencia del TSJA, pionera en Andalucía, que, a instancia nuestra, declara nula una Orden de Encomienda del SAE a la FAFFE (Ver Sentencia FAFFE).

Curiosamente, el Decreto que se quiere derogar (Decreto 108/1995, de 2 de mayo) es el mismo en el que se sustentaba el dispositivo del Plan Infoca de la Consejería de Medio Ambiente que fue galardonado con el premio "Batefuego de Oro 2003" a la mejor labor de extinción de incendios forestales. Este galardón, el más importante de su ámbito, fue un reconocimiento a escala nacional del trabajo que viene desempeñando el dispositivo de la Junta de Andalucía desde su profesionalización en el año 1992 en la lucha contra estos siniestros.

"Funcionarios": palabra tabú.

Es importante destacar que en este proyecto de Decreto se establecen una serie de términos generales para definir a los trabajadores, pero en ningún caso se hace referencia al personal funcionario, a excepción de una escueta mención en el apartado 3.1 del Capítulo 7 del Plan Infoca que pretenden aprobar. Términos tales como, por ejemplo, "profesional" cuando se refieren a la dirección técnica de los trabajos de extinción de incendios forestales, otorgándola, por tanto, a cualquier profesional y no a sus funcionarios que son los que legítimamente deben tenerla, tal y como se establece en la Ley 5/1999 de Incendios Forestales de Andalucía. Otros conceptos universales son "grupo encargado de la investigación (...)", "técnico acreditado", "persona con formación acreditada", "personal técnico de Gestión de Emergencias (...)", etc.

A pesar de la referencia, en el apartado 3.1 del Capítulo 7 del Plan, al personal funcionario, los puestos que quieren reservarnos son muy escasos e indeterminados, ya que no se explicitan exactamente qué puestos funcionales se adscriben a personal funcionario y a laboral, por lo que quedará abierta la posibilidad irregular e ilegal de adscribir esas funciones o tareas a personal ajeno a la Función Pública, en detrimento de la carrera administrativa del personal funcionario y del laboral, en su caso, y vulnerando la Constitución y la legislación vigente en materia de Función Pública. Evidentemente, si no determinan con claridad las funciones del personal funcionario y, excepcionalmente, del resto, entendemos que pretenden vaciarnos de funciones en este ámbito en beneficio de EGMASA y de las empresas de Gobernación, que no están sometidas a los controles administrativos y económico-financieros de las Consejerías de las que dependen.

La historia se repite.

Esta situación, denunciada anteriormente por SAFJA ante Defensor del Pueblo Andaluz y a la Inspección General de Servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública, está marcada por los antecedentes. Hace tres años, y a tan sólo unos días para el inicio de la época de "extremo peligro", la Junta pretendió prescindir, sin escrúpulos, de funcionarios expertos y agentes de medio ambiente del Plan Infoca para beneficiar a Egmasa, y pasar la dirección técnica de la extinción de incendios a la mercantil citada. Ya, entonces, se pretendía dejar fuera a más de medio millar de funcionarios de Medio Ambiente, algunos con más de veinte años de experiencia en la dirección de extinción (Ver en prensa noticia 01) (Ver en prensa noticia 02) (Ver en prensa noticia 03)

En aquel momento denunciamos la situación que, ahora, se repite. Juan Romero, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios, afirmaba que se trataba "de un caso más en el que las competencias administrativas pasan de manos públicas a manos privadas sin el menor escrúpulo por parte de los dirigentes autonómicos". Y es que según lo dispuesto en la Ley 5/99, del Parlamento Andaluz, de Prevención y Lucha contra los Incendios Forestales, en su artículo 10, las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de incendios forestales se ejercerán por la Consejería competente en dicha materia. También el artículo 47.1, de la Ley antes citada, dispone expresamente que la dirección técnica de los trabajos de extinción de incendios forestales le corresponde a la Consejería de Medio Ambiente.

Gracias a nuestra denuncia, entonces, conseguimos parar todo este disparate. Además, fuimos el único Sindicato que no firmamos el Acuerdo que la Consejería nos puso por delante para abrirle la puerta de la dirección técnica de la extinción de incendios a los técnicos de EGMASA, en perjuicio de los funcionarios de la Consejería y de sus Delegaciones Provinciales. No hace falta resaltar que la Administración cuenta con personal funcionario sobradamente cualificado y con años de experiencia suficientes para llevar a cabo su trabajo, por lo que no hay necesidad de llevar a cabo este tipo de artimañas que ocasionarían un gasto diez veces mayor. Por tanto, el cambio que pretende la Consejería/Egmasa, aparte de antieconómico para las arcas públicas, es ilegal de arriba abajo (Ver en prensa).

Así parece que el funcionario se está convirtiendo en una especie en extinción con tanta usurpación de funciones a través de empresas públicas, privadas, fundaciones, agencias, etc., que carecen de los controles administrativos y financiero/económicos de una Administración y no son competentes para actuar de Administración sin serlo.

Una lucha de todos.

Como hemos hecho siempre, nos unimos a la lucha de nuestros compañeros, funcionarios, agentes de medio ambiente, que son agentes de la autoridad dentro del Plan Infoca, para que algún día puedan contar con medios dignos para desarrollar sus funciones. Este es un tema reincidente que hemos denunciado en varias ocasiones y que todavía está sin resolver. La carencia de emisoras y de teléfonos móviles para las guardias nocturnas, el obsoleto parque móvil, las continuas y costosas reparaciones de los vehículos, son algunos de los penosos medios con los que cuentan estos profesionales para realizar su trabajo. Sin embargo, el personal de EGMASA cuenta con estupendos vehículos y material de todo tipo (Ver las quejas de los agentes).

Desde SAFJA, no vamos a descansar hasta que no se respeten los derechos legítimos del personal funcionario, que tenemos que reclamar constantemente que no nos quiten nuestro trabajo y que nos den unos medios decentes para prestar un mejor servicio a la ciudadanía.

Los funcionarios estamos para el ejercicio de las competencias de la Administración y para la salvaguarda de los intereses generales, que no son los que persigue de facto la llamada "Administración Paralela".

Gobernación también está en el ajo.

En este caso se pretende abrir totalmente las puertas del dinero público a empresas privadas y, por tanto, a personal ajeno a la Función Pública, que ya están gestionando emergencias en toda Andalucía, por ejemplo, en el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Gobernación de la Junta. Estas emergencias que tramitan telefónicamente están referidas, sobre todo, a asistencias sanitarias, seguridad ciudadana y accidentes de circulación e incidencias de tráfico. Dicha teleasistencia está subcontratada a empresas privadas, Mk Plan 21 y Qualytel Teleservices, por lo que se han generado cientos de puestos externos que, por supuesto, no aparecen en las relaciones de puestos de trabajo de la Consejería y de sus Delegaciones Provinciales.

Gobernación no tiene bastante con estas empresas privadas y por ello es copartícipe de este nuevo Plan Infoca que se pretende aprobar, con el objeto de encomendar potestades públicas a más personal ajeno a la Función Pública. Esto se puede observar claramente en el proyecto del Plan, ya que tampoco utilizan la palabra "funcionario" para desempeñar altas funciones en, por ejemplo, la "Dirección Técnica de Emergencias" o en el "Grupo de apoyo logístico", vulnerando así la normativa vigente sobre Función Pública. Por supuesto, desde SAFJA reivindicamos sin descanso las competencias que tenemos reservadas por Ley y en exclusiva. Por tanto, si en esta ocasión no se nos respeta acudiremos a los Tribunales de Justicia para que amparen nuestros derechos profesionales.

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE
SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ