Hemos conseguido que el TSJA, en una sentencia pionera en nuestra comunidad autónoma, anule la Orden que encomienda ilegalmente la gestión de potestades públicas a la fundación FAFFE y estime el recurso interpuesto por nuestro Sindicato.
La Sala de lo Contencioso Administrativo, sección primera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), con sede en Sevilla, ha dado la razón a nuestro Sindicato en un recurso interpuesto contra la Orden de 4 de septiembre de 2008 (Ver Orden) del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) que formaliza un acuerdo de encomienda con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo (FAFFE) (Ver Sentencia).
El "quid" de la cuestión está en que la encomienda de gestión contiene el ejercicio de potestades administrativas al personal laboral de la FAFFE, que no ha accedido a la Administración en condiciones de igualdad, mérito y capacidad, dista mucho de la legalidad vigente que reserva dichas funciones, en exclusiva, a los funcionarios para garantizar los derechos de los ciudadanos. Situación que SAFJA lleva años denunciando y que se traduce en el famoso engorde de la conocida como "administración paralela", en detrimento, por supuesto, de la Función Pública.
La excepcional sentencia estima nuestro recurso, declara contraria a derecho la Orden impugnada y su consiguiente revocación. Además, el TSJA rebate la descarada argumentación de la Junta que asegura que las actividades desarrolladas a través de dicha encomienda, "no es más que una mera asistencia técnica". Pero el artículo sexto de la Orden recurrida deja ver que existen prerrogativas a favor de la fundación que suponen el ejercicio de potestades administrativas, como la anulación de participantes y cursos, "tareas que exceden del contenido legal que, en esta ocasión, la FAFFE puede tener".
El artículo 9.2 de la Ley 7/2007, que aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), recoge que "en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada Administración Pública se establezca".
La Junta se respalda en el artículo 106 de la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz pero parece ignorar el último párrafo que dispone claramente que "la encomienda de dichas actividades no podrá implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones o facultades sujetas a Derecho Administrativo".
Es más, la Sala advierte que "en el futuro, a la vista de las funciones que la Administración quiera atribuir a la referida fundación, decida qué tipo de personal debe servirlo conforme a la legislación sobre función pública", es decir, personal funcionario si se trata de potestades públicas.
Esta sentencia, pionera contra la ejecución de lo establecido por la Ley 9/2007 del Parlamento Andaluz, marca un antes y un después en nuestra lucha constante contra la estrategia de la Junta de ceder competencias de sus Consejerías a su entramado de empresas públicas, fundaciones, agencias, etc. Casos como los protagonizados por las empresas públicas Dapsa y Egmasa han dado mucho de qué hablar, ya no sólo por las investigaciones abiertas o las protestas masivas, sino por la política de privatización pausada de los servicios públicos que la Administración está llevando a cabo.
Como siempre, y a pesar de este nuevo éxito, desde SAFJA seguiremos luchando para que se cumpla la legislación vigente y acabar, así, con este descarado engorde de la "administración paralela", creada por la Junta con la excusa de agilizar los trámites cuando, en realidad, se está gestionando el dinero público con los menores controles posibles, así como la contratación digital de personal. En la actualidad, nuestro Sindicato tiene seis recursos interpuestos sobre este tema que reduce considerablemente la Función Pública y perjudica gravemente la creación de empleo estable y de calidad en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
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