El Sindicato se convierte en la única organización sindical que continúa defendiendo en los tribunales el derecho a un empleo público en igualdad de condiciones.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado hoy, 27 de noviembre de 2013, el anuncio de escrito de recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la sentencia que ha desestimado el recurso del Sindicato contra el Decreto 96/2011, por el que se aprueban los Estatutos del SAE (Ver en prensa) (Ver recurso).
El Sindicato argumenta su recurso en los incumplimientos del Estatuto. En primer lugar, la Administración negocia el asunto en Mesa General del Empleado Público, en lugar de Mesa Sectorial, por lo que vulnera los artículos de la Constitución Española que rige la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, y el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). Precisamente el EBEP aclara que la Mesa General es para pactar cuestiones que afecten a las condiciones de trabajo comunes a los funcionarios y, en este caso, el asunto afecta exclusivamente al ámbito de la Administración General.
La negociación de los Estatutos tendría que haberse planteado en Mesa Sectorial y no en otro ámbito "hurtando así, de la negociación con todas las fuerzas sindicales representativas del colectivo de funcionarios de carrera", afirma SAF en el recurso de casación.
SAF también hace referencia en su recurso a que el personal que fue contratado bajo fórmulas de derecho privado sean objeto de integración directa en la Agencia Pública Empresarial, para formar parte de ella como personal laboral de la Agencia y por tanto en el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, pero sin respetar los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución, el EBEP y la Ley de Reordenación.
La sentencia en primera instancia cae en un error judicial al usar un análisis de integración y régimen jurídico trayendo a colación una fundamentación que parte de una Agencia Pública Empresarial, distinta a la Agencia de Régimen Especial, como es el caso del SAE. Es más, el fundamento segundo de la sentencia recurrida se basa en una Agencia que no incorpora personal funcionario, mientras en el SAE ya hay funcionarios, por lo que parte de supuestos de hecho distintos a los que se aplica el mismo fundamento de derecho.
El fallo recurrido no entra en el fondo del asunto y elude la invasión de potestades públicas.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios es, por tanto, la única organización sindical que sigue adelante en la batalla contra la reordenación. Por supuesto, SAF llegará hasta el final en todas las instancias judiciales para defender el derecho de los ciudadanos a acceder a un empleo público en igualdad de condiciones, tal y como establece la Constitución y la legislación vigente al respecto.
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