La Junta no acata las sentencias firmes y deja en el limbo a opositores que participaron en una oferta que se aprobó hace 10 años.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la Secretaría General para la Administración Pública y la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública para exigir una solución urgente a la dramática situación que sufren más de 60 opositores que participaron en las pruebas de acceso al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, Trabajo Social, correspondiente a la oferta de empleo público del año 2003 (Ver en prensa) (Ver primera página del escrito).
No es la primera vez que SAF denuncia este tema, ya que los opositores acudieron a la vía jurisdiccional al no valorarles determinados méritos en la fase de concurso y han obtenido numerosas sentencias estimatorias. Sentencias que la Junta de Andalucía recurrió ante el Tribunal Supremo y que, tras allanarse la propia Administración, han devenido firmes.
Por ello, SAF ha exigido en su escrito a la Dirección General que "se ordene con carácter inmediato (...) ejecutar las distintas sentencias firmes y, tras la preceptiva oferta de puestos, se proceda al nombramiento y toma de posesión como funcionarios de estos opositores".
En vistas de la gravedad del suceso, el Sindicato ha solicitado "que se determine si, por parte del Servicio de Planificación de Recursos Humanos ha existido mala praxis en la atención a los referidos opositores como ciudadanos que ostentan un interés legítimo en el procedimiento, así como la responsabilidad de esa Directora General en la demora en la ejecución de las sentencias, dada la gravedad que un incumplimiento de una sentencia judicial supone, y, en su caso, se deduzcan las responsabilidades disciplinarias que procedan".
El Sindicato advierte que adoptará las medidas administrativas y judiciales oportunas. SAF considera inhumano la actuación de la Administración al ignorar a estos ciudadanos que han accedido al empleo público por procedimientos legales en una época de crisis económica tan acuciante.
Los afectados han solicitado en numerosas ocasiones la ejecución de las sentencias firmes, pero el Servicio de Planificación de Recursos Humanos ha agotado los plazos de ejecución voluntaria y forzosa. Sin embargo, las sentencias firmes sobre otros procedimientos relacionados con otros cuerpos de la misma oferta se han ejecutado y los interesados han tomado ya posesión de sus puestos de funcionarios.
La Junta de Andalucía ha solicitado la acumulación de los expedientes, rechazada por los Tribunales. SAF no comprende, y así lo ha plasmado en su escrito, el empecinamiento de la Junta en "no resolver un problema que ha ocasionado la propia Administración y que está dilatando en el tiempo de forma dolosa y absolutamente injustificada, como se deduce de actuaciones como acudir al Tribunal Supremo, recurso que, mientras que para la Junta de Andalucía resulta muy poco costoso, a los opositores les ha supuesto un fuerte desembolso económico y el mantener a los interesados en la incertidumbre a pesar tener resoluciones judiciales favorables a su favor".
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