Las organizaciones sindicales mayoritarias en Educación, Sanidad, Justicia y Administración General han convocado una concentración frente al Parlamento.
Los Sindicatos profesionales e independientes de Sanidad, Educación y Administración General de la Junta de Andalucía han convocado una rueda de prensa para mostrar públicamente su desacuerdo absoluto a los nuevos recortes en el sector público y para informar sobre la convocatoria de una concentración el jueves, 15 de noviembre, a las 11:00 horas frente al Parlamento de Andalucía, al mismo tiempo que en el hemiciclo debaten los presupuestos (Ver en prensa).
FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes), integrada por los sindicatos SAF, SMA y APIA; FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), formada por SATSE y ANPE; USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería), compuesta por FATE y SAE; y STAJ, han vuelto a unir fuerzas ante lo que consideran un atropello a los derechos sociales y económicos de los funcionarios y cuyas consecuencias recaerán en la degradación de los servicios públicos.
Las organizaciones sindicales han firmado un manifiesto que retrata la dura situación que sufren sus representados y, sobre todo, la Administración andaluza. En el documento denuncian "la discriminación común que padecen los colectivos funcionariales, una vez más, únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre del próximo año 2014 o cuantías equivalentes en sus complementos".
"Es insensato e imprudente -afirman en el manifiesto- que las medidas de contención siempre recaigan sobre los ciudadanos, sobre los servicios públicos y sobre el personal que accede a la Administración por procedimientos legales, mientras la costosa externalización o los privilegios económicos de altos cargos y diputados, entre otros despilfarros, queden ilesos de cualquier tijeretazo. Por ello, los sindicatos muestran su rechazo a que se utilice como excusa el ahorro para volver a perjudicar a un colectivo garante de los derechos de los ciudadanos y que, sin embargo, no se aminoren partidas económicas tan excesivas como las percibidas por los diputados del Parlamento de Andalucía, que cobran como mínimo unos 4.311 euros al mes (sin incluir transporte)".
Ya se han tomado las primeras medidas contra el recorte como la exigencia por escrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública y a la Secretaría General para la Administración Pública, que se lleven a cabo reuniones urgentes con los representantes de los trabajadores para llegar a soluciones comunes y que se eviten decisiones tan sesgadas e imprudentes como las que se están tomando.
Las ocho organizaciones sindicales denuncian "los acuciantes recortes en materia económica y social que arrasan al sector público, no tienen precedentes y han provocado efectos colaterales como el deterioro de la eficacia de los servicios, la generalización de las contrataciones a tiempo parcial del personal temporal o las cargas de trabajo, que repercuten directamente en los ciudadanos y en los propios trabajadores. Es más, estos tijeretazos quiebran el principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española vinculado con el de confianza legítima consagrado por jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo".
Los sindicatos profesionales andaluces condenan el atropello, el desprecio y el desprestigio al que constantemente la Junta de Andalucía somete a sus trabajadores, castigándoles y haciéndoles culpables de la mala gestión de la propia Administración.
Descargar informativo (versión pdf).
