La Junta ha sobrepasado en un año el plazo establecido para convocar el concurso y hace caso omiso a la legislación y a las peticiones de SAF.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado un escrito ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública, la consejera homónima y la Secretaría General para la Administración Pública para exigir la convocatoria inmediata de un nuevo concurso de méritos para funcionarios. En el escrito, SAF cita numerosa normativa que respalda su petición y que obliga a la Junta de Andalucía, así lo establece el Decreto 2/2002, a convocar un concurso semestralmente, como mínimo (Ver en prensa) (Ver escrito).
La resolución del último concurso de méritos se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el pasado 27 de marzo de este año, por lo que la Administración ha superado el plazo establecido sin que se haya producido una nueva convocatoria. Este procedimiento estuvo marcado por una ilegal rebaremación que dilató los plazos aún más en el tiempo, ya que la convocatoria debería haberse efectuado el 15 de mayo de 2012, como máximo, por lo que el retraso acumulado sería ya de más de 18 meses.
Tras el primer e histórico fallo dictado a instancia del Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la precipitada e injustificada rebaremación, la Administración comenzó a allanarse del resto de procedimientos y puso fin a una litigada rebaremación contra la que SAF interpuso numerosos recursos, logrando las únicas sentencias firmes que entraron en el fondo del asunto y tumbaron definitivamente una modificación que vulneró la legislación y los derechos de los funcionarios, tal y como manifestó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Meses después, el Sindicato Andaluz de Funcionarios comienza una nueva batalla para defender los derechos de sus representados.
La Junta de Andalucía ha quebrantado la confianza que los funcionaros públicos podrían tener en una Administración que discrimina a este colectivo perteneciente a la Administración General frente a otros funcionarios de ámbitos como Educación o Justicia, donde los concursos no sufren rebaremación de ningún tipo.
En este segundo escrito presentado por SAF, el último tuvo lugar en junio y no hubo respuesta por parte de la Administración, recoge legislación que confirma su solicitud. La Ley de Ordenación de la Función Pública, el Decreto 2/2002 y el Estatuto Básico del Empleado Público establecen el concurso de méritos como sistema normal de provisión de puestos de trabajo y reconoce el derecho a la promoción profesional de los funcionarios mediante la carrera profesional, que define como "el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad", a estos principios reconocidos constitucionalmente, hay que añadir los de publicidad y transparencia.
Tras el constante silencio de la Administración, SAF pide que responda a sus peticiones, siempre originadas en vía administrativa y abiertas a diálogo, y "se reserva las acciones legales que correspondan para la exigencia de las responsabilidades disciplinarias y penales a los titulares de aquellos órganos y unidades responsables de la convocatoria del concurso de méritos por la dilación, a sabiendas y sin ninguna justificación, de la convocatoria del concurso".
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