La denuncia se basa en la usurpación de potestades públicas y en un posible delito de prevaricación.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, ha presentado denuncia penal ante el Juzgado de Instrucción contra el Secretario General de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, el Delegado Territorial en Cádiz de la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta, el Secretario General de la Delegación Territorial en Cádiz y los Delegados Territoriales de todas las provincias, así como "contra cuantas personas pudieran resultar responsables" (Ver en prensa).
SAF denuncia la asignación de funciones, reservadas por Ley a funcionarios, a personal externo procedente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, situación que elude el control del poder público reservado al derecho administrativo a través del personal funcionario.
La actuación de ese personal externo se contradice no sólo con la normativa vigente en Función Pública, sino también con numerosas resoluciones judiciales que advierten que para mejor garantía de la ciudadanía en un estado democrático de derecho debe ser el personal funcionario el que cumpla con el ejercicio de funciones vinculadas a las potestades públicas y a la salvaguarda de los intereses generales.
A raíz de esta situación irregular el Sindicato Andaluz de Funcionarios no ha dudado en presentar una denuncia penal, ya que considera inadmisible que la deficiente cobertura de puestos de personal funcionario en la relación de puestos de trabajo en la Junta de Andalucía se convierta en pretexto o excusa para que personal ajeno a la Función Pública ejerza tareas que implican el ejercicio de potestades públicas. Más aún, afirma SAF, cuando existen en las Delegaciones Territoriales de la Consejería plazas vacantes de funcionarios de carrera y medios para proveer de más personal como es la selección de funcionarios interinos.
Llama la atención además la insistencia de la Junta de Andalucía en mantener al personal externo en funciones relacionadas con la gestión de la dependencia mientras tiene paralizadas la concesión de nuevas ayudas alegando la falta de recursos económicos. Es decir, no hay dinero para el dependiente pero sí para mantener externos.
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