La querella fue presentada por los propios funcionarios y está en manos de los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha dictado un nuevo auto en el que cita como imputados al Jefe de Negociado del Departamento de Minas de Huelva y a la actual Directora General de Minas, anterior Delegada Provincial en la Consejería de Economía, Innovación y Empleo (Ver en prensa).
Los razonamientos jurídicos manifestados han sido que "pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delito de prevaricación y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la L.E. Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de Diligencias Previas, así como la práctica de las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias". De esta forma, el Juzgado cita a los querellados a fin de que comparezcan para prestar declaración en calidad de imputados.
Un informe de los técnicos responsables del Departamento de Minas de Huelva contrario a los intereses de la empresa Matsa ha sido el desencadenante de la querella criminal, puesto que los funcionarios soportaron insultos y amenazas por no realizar la resolución "a la carta" que se proponía. Es más, los técnicos denunciaron en primer lugar estas discrepancias ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Todo comienza cuando varios funcionarios del departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva presentaron, a través de los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios, SAF, la querella criminal por prevaricación contra el Jefe de Servicio de la provincia, que extienden a la entonces delegada de Economía y actual directora general de Industria, Energía y Minas, por obligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas (Matsa), empresa donde trabaja como jefa de servicio jurídico y apoderada la hija de Manuel Chaves, contraria a la legislación minera. Dicha resolución afecta al proyecto constructivo de una estación depuradora de aguas de interior de la mina Sotiel, actualmente paralizado por la querella.
Los servicios jurídicos de SAF continuarán respaldando a estos valientes compañeros que se han mantenido firmes en velar y cumplir las disposiciones sobre este importante asunto de salubridad pública.
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