En rueda de prensa, los representantes han manifestado su absoluto rechazo a la merma de la calidad de los servicios públicos y denuncian el desmantelamiento de los mismos.
A través de un manifiesto, las siete organizaciones sindicales profesionales e independientes más representativas de funcionarios en los ámbitos de Educación, Sanidad y Administración General de la Junta de Andalucía muestran su absoluto desacuerdo con unas medidas de recorte arbitrarias, injustas y que incumplen los principios constitucionales. Este nuevo frente está constituido por FASPI (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes) integrada por SAF, SMA y APIA; FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad) formado por SATSE y ANPE; FATE (Federación Andaluza de Técnicos Superiores Sanitarios); y SAE (Ver en prensa).
Los sindicatos coinciden en afirmar que la Junta está provocando el desmantelamiento de los servicios públicos y vuelven a unirse para luchar contra lo que consideran un auténtico despropósito al funcionario público andaluz. Asimismo, denuncian la discriminación común que padecen los colectivos funcionariales que serán los únicos en España que soportarán los recortes en las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre de este año 2013.
Según la propia Administración, la reducción de las pagas extras responde a la necesidad de cumplir los objetivos de déficit y preveía ahorrar 142,8 millones de euros. La no percepción de las dos pagas adicionales supone un ahorro de 249,2 millones de euros, montante muy por encima del ahorro necesario. ¿Dónde se destinarán los 106,4 millones de euros de diferencia?
Las Federaciones consideran, cuanto menos, insultante las excusas de ahorro para volver a perjudicar a un colectivo garante de los derechos de los ciudadanos y, sin embargo, no se aminoren partidas económicas tan cuantiosas como las percibidas por los diputados andaluces, objeto de críticas en los medios de comunicación.
Ya se han tomado las primeras medidas contra el recorte como la exigencia por escrito a la Consejera de Hacienda y Administración Pública de iniciar las vías de legislación de urgencia p para derogar los artículos 7.1 de la Ley 3/2012 y 13.5 de la Ley 5/2012 y abonar al personal funcionario las pagas adicionales correspondientes a los meses de junio y diciembre.
Los funcionarios de la Junta llevan años marcados por los tijeretazos. Desde los tres ámbitos, Educación, Sanidad y Administración General, los sindicatos coincidían en afirmar la ausencia en la creación de empleo, la extensión de contrataciones a tiempo parcial del personal temporal, la delegación de potestades públicas en personal externo, el retraso en la resolución de los procesos selectivos, la inamovilidad de las bolsas de interinos y la consiguiente carga de trabajo. El resultado de esta precaria política de empleo es el deterioro de la calidad de los servicios públicos.
Estos agravantes unidos a la falta de negociación con los sindicatos más representativos suponen un atropello a los funcionarios y la quiebra del principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución Española. ¿Cuándo permitirá el Gobierno andaluz que la Mesa General de la Función Pública esté integrada por los sindicatos que verdaderamente han obtenido representación para ello? ¿Cuándo va a empezar el gobierno andaluz a desmantelar la Administración Paralela creada en los últimos treinta años? ¿Cuándo se van a acatar las sentencias del TSJA y del Tribunal Supremo que instan a la Junta de Andalucía a proporcionar el mismo trato a todos los sindicatos?
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