La querella fue presentada por los propios funcionarios y está en manos de los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Huelva ha dictado un auto para ordenar al Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva seguir adelante con las imputaciones contra el Jefe de Negociado del Departamento de Minas de Huelva y contra la actual Directora General de Minas, anterior Delegada Provincial en la Consejería de Economía, Innovación y Empleo (Ver en prensa) (Ver carátula auto) (Ver auto íntegro).
Varios funcionarios del departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva presentaron, a través de los servicios jurídicos del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), la querella criminal por prevaricación contra el Jefe de Servicio de la provincia, que extienden a la entonces delegada de Economía y actual directora general de Industria, Energía y Minas, por obligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas (Matsa), empresa donde trabaja como jefa de servicio jurídico y apoderada la hija de Manuel Chaves, contraria a la legislación minera. Dicha resolución afecta al proyecto constructivo de una estación depuradora de aguas de interior de la mina Sotiel, actualmente paralizado por la querella.
El auto dictado aclara que las imputaciones deben continuar su curso "porque desconocemos la trascendencia que la orden interior ha tenido en la esfera extra-administrativa, su impacto o trascendencia en la realidad más allá de una nota (...) dirigida a una serie de funcionarios que expresaron abiertamente su discrepancia" ante la sospecha de la posible existencia de residuos peligrosos. La Audiencia añade la necesidad de "precisar la posición de la Delegada Provincial en relación con los hechos" y "la posible trascendencia e impacto" de los hechos.
El contenido de la querella puede trascender, según la Audiencia, "el ámbito de la prevaricación puesto que, en definitiva, la inobservancia que se denuncia del trámite de caracterización de aguas pudiera redundar en una traslación al medio ambiente de materiales, sustancias o residuos peligrosos o contaminantes". Por ello -continúa- estima el "recurso de apelación interpuesto, acordando que continúe la tramitación de la causa, recibiendo declaración como imputados a María José Asensio Soto y Tomás Fernández Nuviala y como testigos a los querellantes (...) y se lleven a cabo cuantas diligencias se deriven de las anteriores o se revelen necesarias para el esclarecimiento de los hechos, dictándose luego de ello la resolución oportuna".
Un informe de los técnicos responsables del Departamento de Minas de Huelva contrario a los intereses de la empresa Matsa ha sido el desencadenante de la querella criminal, puesto que los funcionarios soportaron insultos y amenazas por no realizar la resolución "a la carta" que se proponía. Es más, los técnicos denunciaron en primer lugar estas discrepancias ante la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía.
Por supuesto, los servicios jurídicos de SAF continuarán respaldando a estos valientes compañeros que se han mantenido firmes en velar y cumplir las disposiciones sobre este importante asunto de salubridad pública.
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