Los sindicatos profesionales más representativos del sector desisten de la denuncia penal y siguen defendiendo la decisión de los funcionarios en las urnas ante el TSJA.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, FASPI, aclara que la información facilitada a la prensa por la Consejería de Hacienda y Administración Pública acerca del sobreseimiento de las diligencias previas abiertas contra la Secretaria General de Administración Pública de la Junta de Andalucía, Lidia Sánchez, no se ajustan a la realidad.FASPI, integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), indica que ha sido la propia Federación la que se ha DESISTIDO de la denuncia presentada contra la Secretaria General de la Administración Pública. El motivo ha sido la inoportuna, tardía y nada concisa respuesta que la Secretaria General envió a FASPI, siempre tras haberse conocido la denuncia penal interpuesta, explicando vagamente las causas por las que se vetaba a los sindicatos más representativos del sector funcionarial en la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la Junta, constituida en octubre de 2012 (Ver en prensa).
La denuncia contra la Secretaria General se archiva porque FASPI desiste. En ningún momento, el Juzgado respalda, tal y como afirma la Consejería de Hacienda y Administración Pública en una nota dirigida a la prensa, la decisión de la secretaria en la Mesa General. Nada más alejado de la realidad. El injustificado veto a FASPI en la Mesa General sigue sin resolverse en los Tribunales.
El documento emitido a la Federación por la secretaria general hace referencia al artículo 36.3 del Estatuto Básico del Empleado Público que establece que "también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10 por 100 de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate". Requisito claramente reunido por FASPI y que hacen aún mayor el vilipendio al que se está sometiendo a esta Federación, cuyos sindicatos que las conforman son los más representativos en su sector y así lo demostraron los funcionarios en las urnas.
Ante el confuso argumento de la Administración, únicamente facilitado tras una denuncia penal, la Federación andaluza decide no ratificar la mencionada denuncia y continuar la batalla a través del correspondiente recurso para la protección de los derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Es más, la Federación dio una nueva oportunidad a la Administración para que cambiara de criterio.
FASPI advierte de los perjuicios de difícil reparación que pueden acarrear su exclusión de esta negociación, pues se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios, sin haber sido negociados con los sindicatos más representativos. En las últimas elecciones sindicales, celebradas durante 2010 y 2011, la citada Federación ha obtenido un respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo con los requisitos de representación que la Ley exige para forma parte de la Mesa General. Esta circunstancia ha sido puesta en conocimiento de la Presidencia de la Mesa hasta en tres ocasiones.
La Federación andaluza recuerda la necesidad de la figura del funcionario como garante de la legalidad en la Administración y denuncia que se haya convertido en el centro de la diana de numerosos ataques, llegando ahora a recortar sus derechos más básicos como la elección de quienes les representen. Por ello, FASPI continuará utilizando todas las vías legales posibles para que se reconozca su derecho y el de sus representados.
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