Tras el fallo definitivo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios insta a Función Pública que resuelva el concurso de méritos conforme a las bases originales y que indemnice a los afectados.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado dos escritos ante Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública donde pide, sin dilaciones, que se resuelva inmediatamente el concurso de méritos conforme a las bases originales y exige la ejecución de la última sentencia firme del TSJA que anula definitivamente la rebaremación. Todo ello, conforme al artículo 104 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ver escritos) (Ver en prensa).
Asismismo, al no recibir respuesta a la revisión de oficio presentada por el Sindicato en el mes de septiembre, SAF solicita también a la Dirección de Función Pública:
-Resolver la mencionada revisión y declarar la nulidad de pleno derecho de todas las Órdenes y Resoluciones que revocaron parcialmente las bases del concurso.
-Resolver, con la máxima urgencia, el concurso de méritos ciñéndose a las bases originales y con carácter retroactivo a fecha límite de 15 de noviembre de 2011, con pleno reconocimiento a efectos económicos y administrativos.
-Indemnizar, en base a la Ley 30/1992, a los participantes afectados que han sufrido los efectos de un acto administrativo sin base legal y que debieron estar incorporados en sus correspondientes destinos en la fecha límite señalada.
A la luz de la esperada y demoledora sentencia definitiva contra la rebaremación, dictada por la Sala de lo contencioso administrativo del TSJA con sede en Granada, y que no deja duda alguna sobre el fondo del asunto, el Sindicato Andaluz de Funcionarios no cesará hasta la ejecución de la misma. De lo contrario, el Sindicato denuncia que la Administración estaría cayendo en una CLARA DESOBEDIENCIA a las resoluciones judiciales, con las correspondientes indemnizaciones que originen el incumplimiento. Todo ello, independientemente de la necesidad de dirimir responsabilidades penales o disciplinarias y a cuyos efectos SAF se reserva el ejercicio de las actuaciones legales que estime procedentes.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios traslada a través del escrito el malestar de miles de funcionarios, muchos desplazados de sus familias, que siguen afectados por la injustificada demora y reclama que la Junta de Andalucía dé el paso final para poner fin a este largo camino.
Por primera vez se ha dictado una ansiada sentencia que zanja la problemática y que entra a valorar sobre el fondo de la cuestión suscitada en el procedimiento. Así, el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia la pasividad de la Junta de Andalucía y agrava que no existe razón para prorrogar esta grave situación que afecta a 12.000 funcionarios.
El Sindicato afirma en la denuncia presentada que en el BOJA nº 232, de 25 de noviembre de 2011, "se acometió una de la mayores tropelías sobre el personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía, con la publicación de sucesivas Ordenes y Resoluciones de revocación parcial de las bases del concurso de méritos", cuyo principal fundamento era una sentencia Tribunal de Justicia Europeo. SAF ya advirtió en incontables ocasiones sobre la abundante jurisprudencia del Supremo en este sentido. Así el Alto Tribunal, estando personado Ustea, reiteró que "existiendo datos objetivos para esas diferentes valoraciones de la experiencia y la antigüedad que aquí se discuten, no es de acoger la vulneración del principio de igualdad (...) denunciada en el recurso de casación de la ASOCIACION, como tampoco las infracciones de la Directiva 99/70 CE y del artículo 20.1.a) de la Ley 30/1984 (LMRFP) que también pretenden sostenerse".
Asimismo, la Administración hizo caso omiso cuando el TSJA también matizó con posterioridad que "la antigüedad como interino ya fue valorada en el concurso-oposición de acceso a la condición de funcionario de carrera, por lo que supondría valorar doblemente este mérito en detrimento del funcionario de carrera, con clara vulneración de la Constitución".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios no descarta que, además de estas nuevas denuncias, se tomen otras medidas legales para acabar con el exagerado e injustificado retraso del concurso de méritos y la grave situación que padecen los miles de afectados.
La Junta de Andalucía ha llevado al extremo una situación injusta, exagerada y vejatoria para miles de funcionarios de la Administración General. Funcionarios que ven mermar sus derechos por puro capricho político y al margen de la jurisprudencia establecida tanto por el Supremo como por el Tribunal Superior de Justicia. Una incongruencia con graves consecuencias y contra la que SAF lleva año y medio luchando y que se extiende en el tiempo por los incumplimientos de la aprobación de concursos cada seis meses. Ahora, más que nunca, los funcionarios públicos debemos estar unidos contra una ilegalidad, expresa por el TSJA de manera definitiva.
Descargar informativo (versión pdf).
