La Federación andaluza ya presentó la pasada semana un recurso por derechos fundamentales ante el TSJA.
FASPI, Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, ha formulado denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra Lidia Sánchez Milán, Secretaria General para la Administración Pública de la Junta de Andalucía, por la no inclusión de FASPI en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, constituida el 5 de octubre de 2012. La denuncia en cuestión tiene como fundamento un posible delito de prevaricación, regulado en el código penal que castiga el dictado de resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos y el hecho de que las autoridades se negaran a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su competencia y revestidas de formalidades legales (Ver en prensa).
Es la segunda medida en una semana llevada a cabo ante los Tribunales por esta Federación andaluza, integrada por el Sindicato Médico Andaluz (SMA), la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA) y el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). FASPI presentó el pasado martes un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la protección de los derechos fundamentales. En este recurso, FASPI exige la suspensión cautelar de la constitución de la Mesa y de cualquier acuerdo adoptado.
En las elecciones sindicales, celebradas durante 2010 y 2011, la citada Federación ha obtenido un respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo con los requisitos de representación que la Ley exige para forma parte, con todos los derechos, de la Mesa General. Esta circunstancia ha sido puesta en conocimiento de la Presidencia de la Mesa hasta en tres ocasiones, reiterando la obligación de integrar a FASPI en la Mesa, dada la relevancia de los asuntos a tratar y el hecho de que los acuerdos y negociaciones no serían legales si no están presentes los representantes de los trabajadores.
La actitud insistente de la Presidencia de la Mesa que, en todo momento, se niega a convocar a los sindicatos profesionales de funcionarios, supone un atentado al derecho a la libertad sindical que no puede, ni debe, quedarse en el mero ámbito "administrativo", sino que por su trascendencia le hace merecedor de una sanción penal. En este sentido, es obvio el propósito de la Junta al evitar que organizaciones sindicales no afines a los postulados de la Administración participen en un debate tan importante como es el del mayor recorte social y económico que han sufrido los funcionarios en Andalucía.
FASPI no ha tenido otro camino que el de los Tribunales para hacer valer sus derechos y, principalmente, los de sus representados. La Federación andaluza ya advirtió de los perjuicios de difícil reparación que pueden acarrear su exclusión de esta negociación, pues se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios públicos, sin haber sido negociados con los sindicatos más representativos de dicho personal.
La Federación andaluza recuerda la necesidad de la figura del funcionario como garante de la legalidad en la Administración y denuncia que se haya convertido en el centro de la diana de numerosos ataques, llegando ahora a recortar sus derechos más básicos como la elección de quienes les representen.
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