Los sindicatos profesionales más representativos del sector funcionarial denuncian ante los Tribunales el veto de la Junta en los foros de negociación.
La Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales Independientes, FASPI, ha presentado hoy, lunes 15 de octubre, un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la no inclusión de FASPI en la Mesa General de Negociación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, constituida el pasado día 5 de octubre de 2012.
FASPI, integrada por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), exige en el recurso la suspensión cautelar de la constitución de la mesa y de cualquier acuerdo adoptado. La Federación andaluza advierte de los perjuicios de difícil reparación que pueden acarrear su exclusión de esta negociación, pues se podrían adoptar acuerdos vinculantes que afectarían de forma indefectible a los funcionarios públicos, sin haber sido negociados con los sindicatos más representativos de dicho personal (Ver en prensa).
Asimismo, FASPI entiende que no sólo se conculca la Constitución Española y el EBEP, sino que la Junta de Andalucía ningunea el voto de los funcionarios andaluces en las últimas elecciones sindicales celebradas durante los años 2010 y 2011. En dichos comicios, estos sindicatos han obtenido un respaldo mayoritario en las urnas, cumpliendo así los requisitos de representación que la legislación vigente exige para formar parte, con todos los derechos, de la Mesa General de la Función Pública.
Con carácter previo a la interposición del recurso, FASPI ha presentado varios requerimientos dirigidos a la Presidencia de la Mesa, denunciado la clara omisión pero, como era de esperar, han obtenido la callada por respuesta, debiendo acudir a la vía jurisdiccional como único medio para hacer valer sus derechos y los de sus representados. Ante este nuevo atropello del Gobierno andaluz, FASPI agrava que su eliminación en los foros de negociación "es una forma directa de acallar la voz de los disidentes, que reclaman y defienden a ultranza los derechos del funcionario".
Al vetar a FASPI en la constitución de la mesa general de negociación se lesionan "per se" los derechos adquiridos de los funcionarios garantizados por la negociación colectiva y amparados por las leyes, y consecuentemente el derecho de libertad sindical reconocido en la Constitución. El EBEP es claro al establecer, sin ambages, que "además, también estarán presentes en estas Mesas Generales, las Organizaciones Sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieren obtenido el 10 por ciento de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la Mesa de que se trate."
"Es intolerable -concluye FASPI en el recurso- que la clase funcionarial, tan necesaria para velar por la legalidad vigente, se vea postergada y "atacada" de forma continua, eliminando su presencia en foros donde se adoptarán decisiones trascendentes".
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