El Sindicato ya ha denunciado en numerosas ocasiones, incluso ante los Tribunales, la negativa de la Junta a mostrar los datos que evidencian la desproporcionada externalización.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado un nuevo escrito ante la Consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, exigiendo con carácter de urgencia la actualización inmediata de las relaciones de puesto de trabajo (RPT) incluyendo al personal eventual (características del puesto, tareas que desarrollan, retribuciones, etcétera) o la relación de puestos de trabajo de dicho personal, indicando las tareas que realizan, como sucede en otras Administraciones (Ver en prensa).
Desde la creación de las RPT de la Junta con el Decreto 390/1986, éstas nunca han reflejado los datos referentes al personal eventual que conforma la Administración General de la Junta, a diferencia de lo que sucede en la Administración General del Estado, en otras Comunidades Autónomas y en la Administración Local. Por ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia en el escrito que las RPT de la Junta arrastran consigo una absoluta falta de transparencia e inseguridad jurídica, sobre todo tras la entrada en vigor del EBEP y la calificación de dicho personal como empleado público.
Asimismo, el Sindicato agrava que los representantes legales de los trabajadores no tienen conocimiento de las tareas que legalmente desarrollan los externos, constando únicamente una cuantía global establecida en los Presupuestos Generales por lo que el descontrol sobre dicho personal es absoluto.
El Tribunal Supremo ya ha dejado claro en varias sentencias la obligatoriedad de la Administración de incluir en las RPT los puestos clasificados como personal eventual. Pero no sólo por respeto a la argumentación de los magistrados, sino que el Sindicato Andaluz de Funcionarios exige a la Administración dar a conocer los datos de los externos también por aplicación de los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, libertad sindical o la transparencia y buena fe que se reflejan en la Ley 9/2007.
"Pues difícilmente -concluye el Sindicato Andaluz de Funcionarios en su denuncia ante Aguayo- se podrá saber si personal eventual está desempeñando funciones propias de personal funcionario o laboral o si se hace un uso abusivo de este mecanismo, lo cual influiría en la evolución de empleo público si no se tiene conocimiento de qué personal lo desarrolla y qué tareas desarrolla y ni siquiera tiene reflejo en las Relaciones de Puestos de Trabajo, por todo ello, se hace del todo imprescindible la inclusión inmediata en las RPT del personal eventual que forma parte de la función pública de la Junta de Andalucía".
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