La Defensora ya ha otorgado número de expediente a la petición del Sindicato y está estudiando la posibilidad de recurso.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios insta a la Defensora del Pueblo Español a que presente recursos de inconstitucionalidad para la protección de los Derechos Fundamentales contra los preceptos del Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y del Decreto Ley 1/2012 de medidas fiscales, administrativas, laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibirio económico financiero de la Junta, ambos acometidos en los meses de junio y julio por el Congreso de los Diputados y el Parlamento de Andalucía, respectivamente, mediante el uso de la legislación "de urgencia". Estos vehículos legislativos conllevan todo un bloque de recortes, sufridos por partida doble, en las condiciones retributivas, laborales, sociales y de conciliación de la vida personal y familiar del personal funcionario de la Administración General de la Junta de Andalucía (Ver en prensa).
Por su parte, la Defensora del Pueblo Español ha respondido al escrito reconociendo su recepción y adjudicando número de expediente para su inmediato estudio.
En definitiva, el Sindicato Andaluz de Funcionarios abre una nueva vía que aún no se había planteado y denuncia ante la Defensora que los recortes mencionados suponen una completa indefensión, vulneración y lesión de derechos fundamentales que asisten al personal funcionario público al servicio de la Junta.
Entre los preceptos constitucionales que, según el Sindicato, han sido infringidos por la normativa que regula los recortes se encuentra la dignidad del personal funcionario, el principio de igualdad, la integridad moral, la negociación colectiva, el derecho al honor, entre otros, y todos ellos respaldados por numerosas sentencias del Constitucional al respecto. Así lo analiza detalladamente el Sindicato en su escrito.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios remarca la arbitrariedad de los poderes públicos en la toma de decisiones al concentrar estas medidas sobre un sector concreto, los funcionarios públicos. Medidas que van más allá de recortes económicos, sumando otras como el incremento de jornada laboral, las constantes congelaciones salariales, las disminuciones retributivas constantes, eliminación de paga extraordinaria, disminución de permisos, ayudas de acción social y un largo etcétera.
Aprobar la norma, asevera el Sindicato Andaluz de Funcionarios, que afecta al Estatuto del Empleado Público de más de dos millones de empleados públicos (y los Decretos Leyes autonómicos que afectan a más de 25.000 funcionarios), como mínimo debería cumplir el principio de participación impuesto por la Constitución y oírse, al menos, en Mesa General de Negociación de la Función Pública (convocándola con urgencia a tal efecto).
El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que, tanto el gobierno estatal como el autonómico, se desliguen de los procedimientos establecidos en la legislación básica para la modificación de las condiciones de trabajo, sin que se garantice la eficacia, la eficiencia, la transparencia ni la publicidad en la gestión de los fondos públicos. De esta forma los gobernantes establecen fuera de mecanismos objetivos y eficientes, que deben imperar en el funcionamiento de la Administración (artículo 103 de la CE), una serie de cambios a mitad de ejercicio presupuestario, una vez que ya estaban fijados los mismos.
Un Decreto-Ley es un arma constitucional de emergencia y no puede servir para modificaciones, masivas, sin respetar leyes de ningún tipo. De este modo, el Decreto Ley no cumple con el test de especialidad que le es propio.
Asimismo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios insiste en la existencia de alternativas más razonables para el ahorro económico de las arcas públicas como la eliminación de empresas públicas.
Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).
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