La contratación externa conllevaba el ejercicio de potestades públicas, por lo que el Sindicato exige a la Administración que aclare que dichas funciones serán llevadas a cabo por funcionarios.
En respuesta al recurso interpuesto por el Sindicato Andaluz de Funcionarios en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 12 de Sevilla, la Junta de Andalucía ha anulado una licitación, publicada en mayo de este año 2012, para la contratación de servicios de grabación de solicitudes de reconocimiento de Dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de resoluciones aprobatorias y revisiones de los Programas Individuales de Atención (PIA), con un presupuesto base de 199.280 euros (IVA excluido) y plazo de ejecución de 12 meses, mediante tramitación urgente y procedimiento abierto (Ver en prensa).
El Sindicato ha recibido un escrito de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia donde se manifiesta que han sido satisfechas las pretensiones del recurso y se remite la Resolución del Director Gerente donde hace patente la renuncia a la celebración del contrato de servicios referenciado, entre otros motivos, como consecuencia del aumento de la jornada horaria semanal del sector público andaluz por el Decreto Ley 1/2012 y se afirma que "se considera más conveniente que las servicios que son objeto de la presente contratación se Ileven a cabo con medios propios de la Agencia".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios se muestra satisfecho ante este nuevo logro contra la contratación externa, que la organización sindical ya denunció como parte de una tercera administración paralela, pero no está conforme con la falta de claridad a la hora de asegurar que las funciones que la Administración pretendía externalizar serán llevadas a cabo por funcionarios públicos. Es más, ni siquiera se informa que deba ser empleado público, se limita a señalar "personal de la Agencia" y "con medios propios" de la misma.
Por ello, el Sindicato ha presentado un escrito ante la Dirección Gerencia de la Agencia contra una posible usurpación de potestades públicas, denunciando la ausencia de información y exigiendo que se determine la reserva de las potestades públicas al personal funcionario, como garante de los intereses generales y cumpliendo la legislación vigente al respecto. Entre las tareas a llevar a cabo se encuentran la recogida y entrega de solicitudes en cada provincia e incluso en la licitación se afirmaba que la empresa adjudicataria sería "la responsable de la custodia física de los documentos".
Al mismo tiempo, el Sindicato Andaluz de Funcionarios tampoco comparte, y así lo denuncia en el escrito, que este tipo de tareas sean trasladadas al seno de la Agencia, habida cuenta de que su personal es externo a la Administración y proveniente de las extintas fundaciones FASS y FADAIS.
Aunque reconoce el ahorro económico que supone la anulación de esta contratación externa conseguido a través de su denuncia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios agrava que el Gobierno andaluz atribuya estas tareas a la Agencia y despoje a la Administración Pública de las funciones que la constitución, las leyes y la jurisprudencia han decidido que deben ser ejercidas por funcionarios públicos, sujetos a los límites y controles que el derecho constitucional y administrativo impone en aras de una mejor protección del interés público.
Ante esta nueva batalla ganada, el Sindicato Andaluz de Funcionarios muestra su necesidad de seguir luchando por los intereses y derechos de los funcionarios públicos.
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