El mismo Juzgado de lo contencioso administrativo de Sevilla, que elevó la cuestión prejudicial relativa al concurso de méritos, ha dictado una demoledora Sentencia que declara nula la rebaremación por modificar "las reglas de juego" vulnerando la normativa de la Administración Andaluza.
Tras meses de lucha por la defensa de la legalidad del actual concurso de méritos y la oleada de sentencias estimatorias obtenidas por el Sindicato Andaluz de Funcionarios, por las que se declara la ilegalidad cometida por la Junta con la rebaremación del concurso, este Sindicato ha pedido a la Junta de Andalucía que ejecute lo dispuesto en las sentencias judiciales dictadas hasta la fecha, con carácter inmediato.
Precisamente el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 de Sevilla, el cual elevó la cuestión prejudicial que motivó que la Junta dictara la ilegal rebaremación del concurso, ha dictado una sentencia que requiere a la Junta "(...) para que en el plazo de DIEZ DIAS se lleve a puro y debido efecto lo en ella acordado, adoptándose las resoluciones procedentes para el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo".
La misma sentencia señala que "(...) la Resolución impugnada, en cuanto revocó una base de un concurso de promoción que ya se hallaba en su fase final, con listas provisionales, y cambió las normas del juego para establecer otra que vulneraba la normativa que la propia Administración andaluza se había dado para valorar los méritos sin previamente modificar la norma aplicable, el Decreto 2/2002, vulnera el art. 23.2 CE".
En el escrito presentado por el Sindicato se solicita la ejecución de la sentencia con carácter de urgencia, ya que se ha vulnerado claramente derechos fundamentales de los funcionarios públicos. En este sentido, el escrito dice: "el Sindicato Andaluz de Funcionarios ha sido contundente desde que se iniciara el procedimiento del concurso de méritos y ha solicitado, en todo momento, que se resuelva conforme a las Bases originales del mismo. Algo que ha sido ignorado por la Junta de Andalucía en todo momento, causando un grave perjuicio a los funcionarios participantes en el concurso de méritos y a los miles de funcionarios desplazados y separados de sus familias porque el Gobierno Andaluz se empeña en no cumplir con los plazos que señala el Decreto 2/2002, primero al no convocar un concurso de méritos desde el año 2009 (estando obligado a convocarlo cada 6 meses) y, segundo, al no resolver el concurso "convocado" en el plazo legalmente establecido".
Ante esta situación, desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios volvemos a reiterarnos en nuestra postura, firme y absoluta, de que la Junta de Andalucía cumpla con la legalidad vigente y ponga fin a esta situación que, para muchos funcionarios, es dramática al tener que trabajar desplazados de sus familias y no tener esperanza alguna porque la Junta de Andalucía no quiere resolver este problema que han creado y pueden resolver en cualquier momento.
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