En la denuncia, el Sindicato Andaluz de Funcionarios manifiesta su rechazo a la realización de funciones públicas, reservadas por Ley al personal funcionario, por parte de personal autónomo de Tragsatec y contratados de la extinta Egmasa.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Jaén contra la Delegación Provincial de Medio Ambiente en esa provincia, por posibles delitos de usurpación de funciones, prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos y desobediencia de las resoluciones judiciales. Solicita de la Fiscalía la investigación de los numerosos datos aportados, presentados junto al escrito como prueba.
El Sindicato afirma en la denuncia que esta usurpación de funciones ha contado y viene contando con el beneplácito y connivencia del personal directivo de la Delegación Provincial de Jaén (Delegados Provinciales, Secretarios Generales, Jefes de Servicio y Directores de los Parques Naturales) a pesar de estar actualmente anulada la integración del personal de la extinta EGMASA en la Agencia de Medio Ambiente por estimación del TSJA de 28 de junio de 2012.
La Unión Provincial de Jaén, en un escrito dirigido a la propia Delegación Provincial de Medio Ambiente, solicita a la misma reestablecer la legalidad vigente en relación a la usurpación de potestades públicas, defendiendo la figura legal del funcionario público.
El anterior Secretario General para la Administración Pública, Manuel Alcaide, respondió a las demandas del Sindicato Andaluz de Funcionarios que exigían la ejecución del Auto contra el protocolo de integración de Egmasa, conseguido por la Asociación Al Ándalus de Empleados Públicos y otros, que "ha dispuesto, como no podía ser de otra manera, y en el ámbito de las competencias que tiene asumidas, el cumplimiento de todas y cada una de las Resoluciones judiciales de suspensión relativas a la totalidad de Protocolos de Integración de Personal en las agencias implicadas en el proceso de reordenación del Sector Público Andaluz". Y continúa, "en el caso particular, le traslado que se han iniciado actuaciones a fin de que cualquier potestad o función pública sea ejercida, sólo y exclusivamente, por funcionario público y bajo ningún concepto por el antiguo personal laboral de la extinta EGMASA, S.A., dando así estricto cumplimiento a la normativa de aplicación, a la previsión contenida en la regla Cuarta del Protocolo de Integración de Personal en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, así como al mencionado requerimiento judicial".
SAFJA hacía referencia al Auto de 4 de abril de 2012, a instancia de la Asociación Al Ándalus, en el que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla requería personalmente al Secretario General para la Administración Pública "a fin de que ninguna potestad o función que según la ley deba ejercerse por funcionario público sea realizada por el personal no funcionario de la extinta Egmasa, so pena de poder incurrir en delito de usurpación de funciones".
Pero a la vista de la ingente documentación presentada y de las pruebas aportadas en esta nueva denuncia, queda claro que no se han llevado a cabo estas indicaciones expuestas por el anterior Secretario de Administración Pública, sino que la Junta de Andalucía, continúa en su empecinamiento de mantener a este personal externo incumpliendo la Constitución, la legislación vigente y obviando, en una clara actitud de rebeldía a las resoluciones judiciales, saltándose a la torera Autos, Sentencias y cuanto haga falta para seguir en su empecinada carrera por mantener a "sus" empleados.
Los trabajadores de las empresas públicas y fundaciones que el Gobierno andaluz ha querido integrar como empleados públicos en la Junta no pueden, ni deben, realizar los trabajos propios de la Administración. Pero el Gobierno de la Junta de Andalucía sigue empeñado en mantener, con cargo a los impuestos de todos los andaluces, a sus protegidos, con la más descarada aptitud arbitraria, despótica y clientelar política y sindical, desoyendo a la Justicia que implacable y continuamente le recrimina estar actuando contra el Estado de Derecho.
Cabe reseñar que para adquirir la condición de funcionario público, la Constitución Española defiende a todos los españoles (incluidos los andaluces) ante todas estas estrategias de colocar a los míos. Y que el artículo 118 de la Constitución Española establece que "es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales".
El Sindicato Andaluz de Funcionarios continuará denunciando frente a las instancias correspondientes las ilegalidades que el Gobierno andaluz se empeñe en continuar cometiendo, defendiendo a los funcionarios públicos del atropello a su trabajo y a su dignidad al que se ven sometidos por este Gobierno enchufista y derrochador.
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