El Sindicato Andaluz de Funcionarios denuncia que sean los cientos de miles de trabajadores de la Junta de Andalucía  quienes sufran los recortes y no los altos cargos o la Administración Paralela, entre otros.

Tras los brutales recortes sufridos por los funcionarios públicos de Andalucía con la publicación y entrada en vigor del Decreto-Ley 1/2012, el pasado sábado, día 14 de julio de 2012, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 20/2012, en el cual, y de nuevo, se recortan las nóminas y los derechos sociales de los funcionarios públicos. Vuelve a recaer todo el peso de la crisis sobre sus muy maltrechas espaldas.

Los casi 270.000 funcionarios, eventuales, interinos y personal laboral de la Junta de Andalucía no pueden asumir doblemente tanta injusticia. Son medidas que afectan a ciento de miles de andaluces, familias donde sólo ingresan un sueldo, el del trabajador público, muchas veces mileuristas, y donde, en muchos casos, los demás miembros de la unidad familiar se encuentran desempleados. La peor parte se la lleva el personal interino, que además ven reducidos su sueldo en un 10% adicional, ya que también son víctimas del recorte general. La bajada de los sueldos de los altos cargos es inferior a la de estos interinos, una auténtica vergüenza en un gobierno que se dice "progresista".

Andalucía tiene el dudoso honor de ser la región de la Europa Comunitaria  con la tasa de paro más alta, y por desgracia, también es líder en el índice de miseria entre los 27 países de la Unión Europea. Con estas medidas antisociales, miles de familias andaluzas están avocadas a la indigencia y a la pobreza. Con parte de los sueldos de los funcionarios se seguirá manteniendo la Administración Paralela y a sus miles de enchufados. La Junta de Andalucía está apostando por un empleo público ilegal e indigno. Ilegal por que la Justicia está sentenciando en contra de estas Agencias y la integración de su personal. E indigno, porque se está hurtando por parte de estos trabajadores las potestades públicas y el trabajo que les corresponde a los funcionarios públicos, con la colaboración necesaria de la Administración Andaluza.

El Sindicato Andaluz de Funcionarios exige al gobierno bipartito de Andalucía que suspenda de manera inmediata la aplicación del Capítulo III -de Medidas en materia de personal en el sector público andaluz -, del Decreto-Ley 1/2012, y que se retire su tramitación parlamentaria como Proyecto de Ley. Exigimos al gobierno andaluz que deje de vapulear los derechos de sus funcionarios públicos. Exigimos al gobierno andaluz que acate las sentencias judiciales en lo referente a la creación de Agencias y a la integración de su personal. Exigimos al gobierno andaluz que les devuelva el trabajo y la dignidad a sus funcionarios públicos. Los FUNCIONARIOS son los auténticos profesionales de la Administración pública andaluza.

También exigimos la inmediata resolución de los concursos de méritos del 2011 con las bases iniciales, que llevan paralizados desde
noviembre de 2011, con el consiguiente perjuicio a miles de funcionarios de carrera, y sobre todo, a aquellos que se encuentran desplazados. También la justicia está sentenciando en contra de la llamada "rebaremación" en numerosas sentencias, algunas por vulneración de derechos fundamentales.

Sería la única medida posible para paliar levemente la situación en la que los funcionarios públicos se han visto abocados tras años de ataques por parte del Gobierno andaluz, por defender única y exclusivamente la imparcialidad en su gestión.

Descargar informativo para colgar en tablón (versión PDF).

LUCHAMOS POR TUS DERECHOS PORQUE

SOMOS FUNCIONARIOS COMO TÚ