El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) continúa dando pasos firmes frente a una práctica que, lejos de ser puntual, se está consolidando como una forma habitual de gestión en la Junta de Andalucía: la externalización de funciones propias del personal funcionario a través de encargos a medios propios.

En este contexto, hoy 19 de marzo de 2026, el SAF ha solicitado formalmente acceso a información pública a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. El objetivo es claro: conocer con exactitud el alcance real de los encargos realizados a TRAGSA y TRAGSATEC, especialmente aquellos que afectan directamente a funciones administrativas, técnicas y de gestión que deberían ser desempeñadas por personal funcionario.

No estamos ante una cuestión menor. La experiencia de los últimos años demuestra que estos encargos no responden únicamente a necesidades puntuales o excepcionales. Al contrario, se están utilizando de forma reiterada para cubrir carencias estructurales de personal, evitando así la creación de plazas públicas y debilitando progresivamente el modelo de empleo público basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Por ello, desde el SAF no nos hemos limitado a pedir una simple “foto fija”. Queremos ir más allá. Consideramos imprescindible disponer de una visión completa y continuada en el tiempo. Tal y como nos trasladan afiliados directamente afectados por esta situación, conocer los datos en un momento puntual no es suficiente. Es necesario establecer un sistema de seguimiento periódico que permita analizar la evolución de estos encargos, detectar tendencias y comprobar si su uso responde realmente a lo que establece la normativa o si, por el contrario, se está consolidando como un sistema paralelo de gestión.

Este seguimiento debe abarcar no solo a las consejerías, sino al conjunto del sector público andaluz, incluyendo los entes instrumentales. Solo así se podrá entender la dimensión real del fenómeno y evitar que determinados encargos queden fuera del control y del análisis.

Y es que la normativa es clara: los encargos a medios propios están concebidos como una herramienta excepcional. Sin embargo, la práctica administrativa muestra un uso cada vez más generalizado en ámbitos especialmente sensibles, como la gestión de subvenciones, la tramitación de expedientes o el apoyo técnico continuado a programas públicos. Esta situación plantea serias dudas no solo desde el punto de vista jurídico, sino también en términos de eficiencia y de planificación de recursos humanos.

Mientras tanto, la Administración sigue alegando falta de medios personales propios. Una falta de medios que, lejos de ser coyuntural, es consecuencia directa de una política sostenida de insuficiente convocatoria de plazas en las Ofertas de Empleo Público. El resultado es evidente: millones de euros destinados a encargos externos mientras se reducen las oportunidades de acceso y promoción dentro de la propia Administración.

Las consecuencias de esta forma de actuar son directas y afectan a todos. Afectan al personal funcionario, que ve cómo se reducen las posibilidades de desarrollo profesional. Afectan al personal interino, que encuentra menos oportunidades de nombramiento. Y afectan, especialmente, a quienes preparan oposiciones, porque cada encargo supone, en la práctica, una plaza que deja de ofertarse.

Desde el SAF llevamos tiempo denunciando esta situación y actuando en consecuencia. No solo hemos puesto el foco en el problema, sino que hemos dado el paso de recurrir en vía contencioso-administrativa aquellos encargos que consideramos contrarios a derecho. Porque si no se recurre, se consolida. Y si se consolida, se convierte en norma lo que debería ser una excepción.

Con esta nueva solicitud de información, damos un paso más en esa estrategia. Queremos datos, queremos transparencia y queremos control. Solo así podremos seguir defendiendo una Administración pública profesional, basada en el empleo público de calidad y al servicio de la ciudadanía.

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