En el día de ayer, a través de distintos canales oficiales, la Junta de Andalucía anunció la implantación un canal interno “para que los empleados públicos denuncien irregularidades con garantías de protección”.Según la Administración, “las personas que trabajan en la Administración son a menudo las primeras en tener conocimiento de amenazas o perjuicios para el interés público por lo que desempeñan un papel clave a la hora de descubrir y prevenir esas infracciones y de proteger el bienestar de la sociedad. Sin embargo, el temor a represalias puede hacerlas renunciar a informar de sus preocupaciones o sospechas, de ahí la importancia de ofrecer una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes”.
Afirman que a través de este canal “los empleados públicos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales podrán informar de sospechas de corrupción de forma anónima o garantizar su confidencialidad en caso de identificarse y pedir medidas de apoyo para evitar represalias”.
Según la propia Consejería, “la responsable de la gestión y del tratamiento de los datos” que se reciban a través de este canal no será otra que la Secretaría General para la Administración Pública.
Como sindicato creemos que es nuestra responsabilidad advertir a aquellos funcionarios/as que de buena fe puedan considerar la posibilidad de hacer uso de este canal del que consideramos que existen motivos fundados para desconfiar de la eficacia del mismo, teniendo en cuenta quién está actualmente al frente de la SGAP.
Y es que en el año 2008 el SAS fue condenado a indemnizar a una doctora que destapó el caso de “manipulación” y “maquillaje” de las listas de espera quirúrgicas en el Hospital Virgen de las Nieves de Granada.
Esta médica denunció las presiones que recibía por parte de la dirección del hospital para 'maquillar' las listas de espera y así poder cumplir el decreto de garantías de la Consejería de Salud y que los pacientes no estuvieran más tiempo del prometido por la Junta esperando una intervención. Una vez que advirtió al hospital que no estaba de acuerdo con ese funcionamiento habría sido trasladada a otro hospital y, según su abogada “anulada profesionalmente”.
La sentencia del caso consideró acreditada la existencia de mobbing o acoso laboral y reconoció el derecho a ser indemnizada por daños morales con la cantidad de 120.000 euros.
En 2019, tras haberse jubilado, la propia profesional narraba en una entrevista el “calvario” al que se vio sometida, “el acoso laboral que le infligió de forma prolongada y sistemática” y cómo fue “represaliada por denunciar”.“Convertirse en el Pepito Grillo anticorrupción la empujó al oscuro túnel del vacío” . De ser la responsable del servicio de atención al usuario del hospital “pasó al ostracismo laboral”.
La propia víctima publicó hace unos meses un artículo en el que analizaba la “luces y sombras de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía”.
En el mismo señala como responsable del acoso laboral sufrido al entonces Gerente del Hospital Virgen de las Nieves y actual Secretario General para la Administración Pública:
“Domínguez Fernández fue aquel gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada que me acosó laboralmente durante años al denunciar yo las manipulaciones que se realizaron en la lista de espera quirúrgica del Servicio de Traumatología de ese hospital y el que me ofreció una subdirección si retiraba mi denuncia.
Un acoso al que me sometió de forma implacable y que costó a los contribuyentes andaluces 120.000 euros, pero a él en particular solo el cambio de domicilio, una operación cosmética de cara a la galería tras el escándalo suscitado. En cuestión de una semana, pasó de ser gerente del Virgen de las Nieves a gerente del Área Norte de Córdoba.”
Desde el SAF consideramos, que si el actual Gobierno quiere que este tipo de dispositivos de lucha contra la corrupción tengan un mínimo de credibilidad, debería poner al frente de los mismos a personas con una trayectoria modélica e intachable.
A la luz de todas estas informaciones, resulta totalmente inaceptable que el actual titular de la SGAP sea el máximo responsable de garantizar la ausencia de represalias contra aquellos funcionarios/as que denuncien irregularidades dentro de la Administración.
Por todo ello, exigimos al Presidente Moreno Bonilla y al Consejero Nieto que, por decencia democrática, actúen en consecuencia procedan a su relevo.
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