Ayer se hizo público que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena a los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el 'caso ERE'.
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a Griñánpor un delito continuado de prevaricación a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público y en concurso medial con un delito continuado de malversación, a 6 años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 20 años. En el caso de Chaves, su condena fue a 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito continuado de prevaricación.
También se impusieron penas de cárcel de entre seis años y un día y siete años y un día a Carmen Martínez Aguayo, Anto
nio Fernández , José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Agustín Barberá, Jesús María Rodríguez Román, Juan Márquez y Miguel Ángel Serrano Aguilar.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Los ERE han supuesto el mayor caso de corrupción política en el seno de la Junta que no solo ha implicado al PSOE, sino también a los sindicatos CC OO y UGT. Según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, los delitos de malversación cometidos entre el año 2000 y el año 2009 ascienden a 680 millones de euros.
En un día como hoy queremos recordar que el SAF estuvo desde el principio del caso al pie del cañón querellándose contra los ahora condenados y personándose como acusación popular en el caso.
Es fundamental recordar que el “caso ERE” nunca habría tenido lugar si no fuera por la premeditada ausencia de personal funcionario que controlase el procedimiento de concesión de ayudas. Solo la agencialización de la Junta de Andalucía permitió, con el claro ánimo de hurtar la necesaria intervención, que personal ajeno a la función pública prescindiera del protocolo y formalidades legalmente establecidas para otorgar las ayudas.
En otras palabras, la huida del derecho administrativo en beneficio de un entramado de empresas públicas dirigidas por personal situado por el Gobierno andaluz posibilitó claramente que los controles fueran mucho más laxos.
El caso de los ERE ha marcado la política andaluza de la última década desde que estalló en en el año 2011 y explica en gran parte el ascenso del PP en las dos últimas elecciones.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
El presidente Juanma Moreno mostró ayer minutos después de conocerse el fallo un "sentimiento agridulce": su "tristeza" porque el nombre de Andalucía se vincule a la corrupción pero también "alivio" porque finalmente se ha hecho Justicia en un fallo que ha confirmado el reparto arbitrario de 680 millones de euros.
Desde el SAF le recordamos al Presidente Moreno que si hoy está en ese cargo es en gran parte por el hartazgo que produjeron casos como éste entre la ciudadanía andaluza.
Si tanto le preocupa que se vincule a Andalucía con la corrupción debería asumir su responsabilidad y acometer sin complejos el desmantelamiento de la red de Agencias y redes clientelares que posibilitaron casos de corrupción como el de los ERE.
Y es que no debemos olvidar que la obra de ingeniería Administrativa de los ahora condenados sigue en pie en forma de entramado de Agencias y redes clientelares que siguen hoy dentro de la Administración. El actual Gobierno popular parece decidido a consolidarla mediante la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía que legalizará la atribución de funciones al personal laboral de las Agencias mediante la interpretación ultrarestrictiva de las potestades públicas reservadas al personal funcionario.
Hoy está siendo ampliamente comentada en prensa la posibilidad de indulto de algunos de los condenados por parte del Gobierno de España. No creemos que el electorado perdonara al Gobierno de Sánchez que indultara a los ahora condenados, al igual que no creemos que perdonara que el Gobierno de Moreno Bonilla “indultara” su obra.
Desde el SAF queremos volver a mostrar nuestro firme compromiso con la defensa de una Administración profesional, transparente y al servicio únicamente de la ciudadanía de la que el colectivo del personal funcionario debe seguir siendo la piedra angular. Cualquier partido que pretenda valerse de la Administración para sus propios intereses nos tendrá en frente, sean cuales sean sus siglas.
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