El pasado 17 de agosto la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía acordó, con los votos del PP y Cs y la sorpresiva abstención de Unidas Podemos, ante la Secretaria General para la Administración Pública (Ana Mª Vielba), que el precepto sobre Potestades Públicas se ha redactado ad hoc “sabiendo qué administración tenemos y qué administración queremos tener”. Y es que, según él, no tendría sentido que habiendo distintas opciones normativas, se optara por un modelo “incompatible” con seguir dando tareas propias de funcionarios al abundante personal laboral de las entidades instrumentales, eso sí, con cobertura legal y sabiendo de antemano que conllevará conflictividad judicial.

Desde el Sindicato Andaluz de Funcionarios podemos afirmar con rotundidad que son tan responsables de la actual situación de politización y desprofesionalización de la administración de la Junta de la Andalucía tanto aquellos que durante décadas construyeron una red clientelar de proporciones bíblicas, como éstos que teniendo ocasión de derruirlas están optando por mantenerlas, intentándonos hacer creer que con una manita de chapa y pintura está todo solucionado.

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